La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el debate sobre la eutanasia en México tras reasumir su competencia para resolver un amparo que le permitirá pronunciarse sobre esta práctica y el suicidio asistido, ambos prohibidos por la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y diversas normativas de la capital mexicana.
Lo anterior, tras un amparo indirecto promovido por una tanatóloga que fue diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama y que actualmente está recibiendo tratamiento médico.
El Pleno aseguró que el reclamo de inconstitucionalidad es una oportunidad de “fijar un criterio novedoso” en torno al asunto en personas con enfermedades terminales.
También coincidieron en que el debate versará sobre si es constitucional que el orden jurídico sanitario y penal sancione a las personas que exigen el respeto a su autonomía para decidir “cómo y cuándo concluir su ciclo de vida” y que, por ende, el Estado mexicano ofrezca como única vía de solución la muerte natural.
Por su parte, el ministro Arístides Guerrero recordó que este paso ya lo han dado naciones como Países Bajos, Bélgica, Canadá y Suiza, e incluso Colombia, que se convirtió en el primer país de América Latina en despenalizar la eutanasia en 1997, así como el suicidio médicamente asistido en 2022.
En México, activistas como Samara Martínez y organizaciones como Derecho a Morir con Dignidad (DMD) han luchado durante años por legislar el derecho a una muerte digna.
En ese contexto, la decisión del pleno abre una oportunidad histórica para replantear las prohibiciones establecidas en el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud sobre el denominado “homicidio por piedad” y el “suicidio asistido”.
Con un voto en contra, el de la ministra María Estela Ríos, el asunto será turnado a uno de los integrantes del pleno para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
