El representante adjunto en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, presentó el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confió en que las recomendaciones que recoge el informe se adopten al más alto nivel, y que se instale una mesa de la Junta de Gobierno para monitorear la implementación de recomendaciones.

Dicho Diagnóstico fue elaborado a solicitud de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas, quien destacó que por primera vez, en casi siete años de existencia del mecanismo, estuvieron presentes los titulares de la Junta de Gobierno.

Encinas Rodríguez Dijo que el diagnóstico presentado hoy servirá para mejorar el mecanismo, y recalcó que el Estado mexicano asume una responsabilidad primigenia al garantizar a todas y todos los mexicanos el derecho a expresarse libremente con certidumbre, paz y tranquilidad en el ejercicio de su profesión.

A su vez, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Aarón Mastache Mondragón, resaltó que a la fecha existen 948 personas incorporadas al mecanismo, 330 son periodistas y 618 son defensoras de derechos humanos.

Jesús Peña Palacios confió en que las recomendaciones que recoge el informe sean adoptadas al más alto nivel, además, instalar una mesa periódica de la Junta de Gobierno para el monitoreo de la implementación de recomendaciones.

Adicionalmente, dijo, se deberá mantener una política de informar a los relatores de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Libertad de Expresión, así como emprender una campaña nacional de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos y periodistas.

El país vive un periodo de transición, de transformación; el mecanismo también creemos que lo vive, ha alcanzado madurez, pero hay que hacer un giro hacia la protección integral, hacia el ataque a las causas del riesgo», expresó.

A su vez, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, subrayó el compromiso de este organismo autónomo con las personas defensoras de derechos humanos para hacer frente al delito y al crimen organizado, para que cada funcionario y funcionaria federal y local se responsabilice del área que le corresponde.

“Vamos a enfrentar la realidad como lo que es y vamos a ver que es lo que podemos hacer para que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que tiene porque si no, se nos va a ir el país de las manos”.