La supresión de 109 fideicomisos aprobada la semana pasada por diputados implica un recorte de casi 13 mil millones de pesos al financiamiento del campo mexicano ya que suprime dos importantes fondos agrícolas, informó este miércoles el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Los principales fideicomisos del campo que se eliminarán cuando lo ratifique el Senado, tal y como recoge el informe del GCMA, son el Fondo de la Financiera Rural y el Fondo Sectorial de Investigación.
El Fondo de la Financiera Rural, al que en 2020 se destinaron 12 mil 563 millones de pesos, tiene como principal objetivo facilitar el acceso al crédito para fines agropecuarios y generar desarrollo rural.
El GCMA alertó de que la supresión de estas facilidades abocaría a los beneficiarios a contratar créditos a tasas de interés mayores, creará el riesgo de que los proyectos en ejecución asociados al fondo no sean viables y caigan en cartera vencida, además de poner en riesgo de quiebra a la Financiera Rural por los impagos de estos créditos.
El otro fondo importante afectado es el de investigación agrícola, al que se inyectaron 421 millones de pesos (unos 20 millones de dólares) en 2020 y que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Su supresión ocasionaría el abandono de investigaciones ya en marcha enfocadas a elevar la producción agroalimentaria y podría suponer un rezago en productividad frente a otros países productores en el largo plazo.
El comunicado recordó que México destina a la investigación y el desarrollo del campo menos del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que está por debajo del gasto recomendado en ese apartado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La Cámara de Diputados aprobó extinguir 109 fideicomisos por un valor conjunto de más de 68 mil millones de pesos, con el presunto objetivo de centralizar fondos para afrontar la crisis derivada de la pandemia de covid-19.
El presidente Andrés López pretexta que los fideicomisos eran un sistema propenso a la “corrupción” y al manejo oscuro del dinero público, argumento que hasta el momento no ha respaldado con pruebas claras.
