Perú afronta, entre la indignación y la decepción, el escándalo de la vacunación en secreto contra la covid-19 de funcionarios y personajes encargados de encabezar la lucha contra la pandemia y que ahora, muy probablemente, deberán lidiar con sanciones políticas y judiciales.
Mientras que para analistas y juristas el país enfrenta «un mensaje devastador» de su clase dirigente, el gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti reconoce el duro golpe, pero insiste en que se debe poner por delante «a todos aquellos que diariamente cumplen su función con integridad».
«No podemos dejar que el comportamiento, la actitud, de algunos pocos funcionarios públicos empañe la labor de servicio al país que cumplimos», afirmó este martes la primera ministra, Violeta Bermúdez, antes de remarcar que más de 1,4 millones de personas trabajan «fuertemente» para el Estado «en un contexto especial» ante la pandemia «y un conjunto de situaciones de crisis».
RESPONSABILIDADES Y CULPAS
Las responsabilidades y culpas del escándalo, bautizado rápidamente como el «vacunagate», comenzarán a definirse tras haberse hecho público este martes el listado de 487 personas que recibieron vacunas del laboratorio chino Sinopharm, que eran exclusivas para el personal que llevaba adelante los ensayos clínicos en el país desde fines del año pasado.
Si bien es cierto que entre los beneficiados hubo gran cantidad de médicos y científicos vinculados con los ensayos, también estuvieron funcionarios de los dos últimos gobiernos, incluido el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), familiares de estos, consultores e «invitados».
A pesar de que Vizcarra es duramente criticado, e incluso el Congreso anuncia que planteará su inhabilitación política, el régimen de Sagasti también ha sido afectado tras conocerse que entre los vacunados estuvieron la ahora exministra de Salud Pilar Mazzetti, y la excanciller Elizabeth Astete.
Mientras que Astete era la encargada de negociar la compra de vacunas, Mazzetti tuvo a su cargo la conducción de la lucha directa contra la pandemia e incluso llegó a afirmar hace una semana que iba a ser «la última» en ser vacunada, a pesar de que ya había recibido las dosis en enero pasado.
Ante esta revelación, el actual Gobierno afirmó que ningún funcionario vacunado en secreto permanecerá en su cargo, pero tuvo un gesto inédito hacia Mazzetti, al retirarle el agradecimiento que le había dado por sus «servicios prestados a la Nación» cuando dimitió el viernes, después de que el Congreso la citara para que explique la vacunación de Vizcarra.
LA ACCIÓN DEL CONGRESO Y LA FISCALÍA
El Legislativo inició, por su parte, su investigación este martes con la invitación al médico que dirigió los ensayos de Sinopharm en el país, Germán Málaga, quien defendió los protocolos de la investigación, aunque aseguró que Vizcarra recibió las vacunas directamente y no participó en los ensayos, como este asegura.
Grupos de legisladores han planteado que Vizcarra, Mazzetti y Astete sean sometidos a un juicio político y se les inhabilite para ejercer cualquier función pública durante diez años.
La Fiscalía abrió, por su parte, una investigación preliminar por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, ya que estos funcionarios ejercían cargos con poder de decisión.
UN MENSAJE DEVASTADOR
Más allá de las consecuencias legales que puedan traer este caso para los implicados, el abogado y analista político Eduardo Dargent aseguró a Efe que en términos políticos «es devastador el mensaje» que deja para los peruanos.
Vizcarra, que hizo de la lucha contra la corrupción la bandera de su régimen, era considerado por muchos ciudadanos como un político con una visión de «más largo plazo» que otros y ahora, consideró Dargent, se han encontrado con una persona «de un nivel de pequeñez e infamia indescriptible».
«Eso no hace a los otros (políticos) buenos, creo que eso es algo que alguna gente quiere decir: todos somos iguales, o nosotros éramos los buenos», acotó el analista.
Sin embargo, no se puede soslayar el impacto que tiene saber que políticos, funcionarios y científicos «también tuvieron estándares morales muy pobres» y ahora han ofrecido «justificaciones tan pobres, tan tristes, tan cargadas de privilegios» que «es realmente lamentable», dijo.
LA CONFIANZA CON CHINA
En medio de este escenario de crisis interna, y ante algunos cuestionamientos al proceso de compra de las vacunas de Sinopharm, el ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, enfatizó que tomará «cartas personales en el asunto» para buscar «mantener el clima de confianza» en las relaciones con China.
Wagner aseguró que Sinopharm «es un importantísimo proveedor de vacunas» para Perú, que ya recibió 1 millón de dosis de la farmacéutica china, con los que se está vacunando a los miembros del personal sanitario, y «se espera que antes de fin de mes ese contrato quede ya definido» para adquirir los otros 24 millones.
Más allá de eso, el Canciller peruano admitió que el descubrimiento de la vacunación en secreto «afecta el alma del país» y daña la «credibilidad en sus instituciones», más aún en «las circunstancias tan complicadas» que se afronta con la pandemia, que ya ha dejado más de 1,2 infectados y 43.800 fallecidos en el país.
Para Wagner, un experimentado y prestigioso diplomático que ha dejado sus cuarteles de invierno para asumir, a los 79 años, la conducción de la diplomacia peruana por tercera vez, las autoridades ahora tienen que «reaccionar» y mostrar una «absoluta transparencia y rendición de cuentas».
Consideró que, de esa manera, se podrá «restablecer la confianza y salir adelante» con la ciudadanía, algo que «solo se logrará a través de la verdad».
