El gobierno de Sudáfrica comunicó hoy que el total de fallecidos relacionados con la oleada de disturbios violentos y saqueos masivos ocurrida recientemente en el país asciende a 276, pero la nación austral está logrando mantener el orden.
«La estabilidad continúa reinando en las provincias de Gauteng y KwaZulu-Natal (las dos regiones afectadas por los disturbios)», afirmó este miércoles en una rueda de prensa Khumbudzo Ntshavheni, la ministra en funciones de la presidencia de Sudáfrica.
Ntshavheni también indicó que, pese a la progresiva normalización de la coyuntura, el Gobierno identificó 61 fallecimientos adicionales relacionados con el estallido de violencia, lo que eleva el balance total a 276.
De ellos, 234 muertes ocurrieron en KwaZulu-Natal (este) y 42 en Gauteng (la provincia donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria).
Además, Ntshavheni confirmó que 4 personas detenidas por presuntamente haber instigado la violencia de los pasados días -identificadas como Bruce Nimmerhoudt, Sibusiso Mavuso, Clarence Tabane y Ngizwe Mchunu- comparecieron ya ante los tribunales sudafricanos.
El gobierno y los distintos actores sociales continúan evaluando los millonarios daños -que incluyen daños extensos en centros comerciales, fabricas y almacenes, pequeños negocios e incluso escuelas– y las herramientas de auxilio económico para los afectados.
También prosiguen las operaciones policiales para recuperar los bienes robados, que serán, según el ejecutivo, usados como prueba y luego destruidos, algo que ha causado una gran controversia en el país.
Esta oleada de incidentes violentos comenzó el pasado 9 de julio, inicialmente en forma de protestas por el encarcelamiento del polémico expresidente Jacob Zuma por desacato judicial, cometido al negarse repetidamente a declarar por corrupción.
En los siguientes días, los altercados se replicaron en otras zonas -especialmente en Johannesburgo– y se tornaron en una cascada de disturbios y pillaje masivo sin precedentes para la democracia sudafricana, con turbas arrasando centros comerciales y tiendas, quemando edificios y vehículos y cortando carreteras y calles.
El estallido de violencia se veía así alimentado por problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, el desempleo, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el malestar por la pandemia de covid-19.
Solo a partir del 14 de julio las autoridades empezaron a retomar el control de las zonas afectadas, gracias en gran medida al despliegue de 25 mil soldados para apoyar a la sobrepasada Policía.
Según el presidente, Cyril Ramaphosa, los incidentes fueron «instigados» y «hubo gente que los planeó y los coordinó«.
