El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui manifestó su desacuerdo porque se acuse al gobierno de Rafael Moreno Valle de omisión para combatir el problema; apuntó que se debe a la falta de intervención del gobierno federal porque son mafias y delincuencia organizada las que hay que combatir y le corresponde al fuero federal.
No obstante, el diputado mencionó que se requiere del apoyo federal y del Ejército para hacerle frente a estos grupos delincuenciales, por tanto dejó en caro que el Legislativo apoyará las decisiones del gobernador Antonio Gali y si la llegada de más soldados es lo mejor, que sí sea.
Descartó que hubiera omisión por parte del ex gobernador, pero afirmó que lo que sí hay es una descomposición social en la zona del Triángulo Rojo, en donde niños de 12 años se confabulan con la delincuencia organizada.
«Creo que es un problema serio, del tejido social descompuesto en la zona, en donde el activismo de los menores colaborando con los grupos delincuenciales es muy grave pero es una realidad, se requiere de una mayor coordinación entre autoridades y una mayor compromiso de la federación».
Con respecto, al tema del involucramiento de ex funcionarios estatales como el otrora Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas quien fue señalado meses atrás de tener un vínculo con los grupos de huachicol.
Por último, subrayó que su pronunciamiento fue y seguirá siendo que «caiga quien caiga, le pese a quien le pese se tiene que aplicar la ley y hacer todo lo que este en nuestras manos».
Por su parte, el diputado local del PSI, Marco Antonio Rodríguez Acosta presentó la propuesta ante la comisión permanente del Congreso local, la creación de una Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a los Efectos Sociales y Económicos ocasionados por el robo de hidrocarburos en el estado.
Argumentó que tiene informes de quien hay personas que viven atemorizados por la violencia de los ultimas semanas en sus municipios de la zona del Triángulo Rojo lo cual podría derivar en un problema grave de salud pública.
También dijo que se le debe garantizar a los habitantes la protección de sus derechos humanos.
