Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Las nueva bancadas de diputados representadas en el Congreso local, presentaron un punto de acuerdo por el que aclaran la reforma al artículo 12 de la Constitución Política de Puebla, y reiteran que no se privatiza el servicio del agua potable, que es parte de la homologación a la ley federal en donde el abastecimiento del vital líquido es una obligación del Estado.
En sesión del pleno legislativo, los diputados dejaron en claro que no hubo falsificación de actas de cabildeo de los ayuntamientos que aprobaron la reforma constitucional de Puebla.
Además establecieron que los 217 ayuntamientos tengan la certeza de que la reforma no tiene ningún ánimo privatizador sino por el contrario que todo poblano tenga derecho y acceso al agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, saludable, aceptable y asequible.
Además de que el marco normativo en la entidad como en los municipios sigue previendo que los ayuntamientos tendrán a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Este punto de acuerdo fue firmado por los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI, Silvia Tanús Osorio; PT, Lizeth Sánchez García; PAN, Jorge Aguilar Chedraui; PRD, Julián Rendón Tapia; MC, José Ángel Pérez García; Compromiso por Puebla, Germán Jiménez García; Panal, Susana Riestra Piña; PVEM, Juan Carlos Natale y Marco Antonio Rodríguez de PSI.
Hay antecedente de alteración de actas en Congreso
En este mismo tema, en entrevista por separado, el diputado independiente Julián Peña Hidalgo; mencionó que habrá que revisarse el expediente que se envió al Ejecutivo para su promulgación, debido que existe un antecedente de que en el Congreso «sí se han alterado las actas».
Ejemplificó que en el caso de la llamada «Ley Bala«, se aprobó un dictamen y el promulgado y publicó fue distinto, por lo que existe la duda de que en tema del agua exista una alteración y corrección de las actas.
Abundó, que esta acción no echaría atrás la reforma, pero si se tendría que echar atrás el proceso legislativo e incluso -aseveró- que pudiera detectarse un delito federal por falsificación de firmas de los ediles.
«Si se demuestra alteración de las actas los propios Cabildos tendrían que presentar las denuncias ante la autoridad correspondiente, pues se habla de un delito penal», concluyó.
