Es necesario que los 84 ayuntamientos que conforman el estado expidan o actualicen a la brevedad su reglamento interior en el que deberán contemplar la obligatoriedad de proporcionar la información que solicite cualquier integrante del municipio siempre que ésta sea para cumplir con sus funciones.
Así lo manifestó el diputado local del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Santiago Hernández Cerón, quien manifestó que son cotidianas las manifestaciones de los ciudadanos o por solicitudes de intervención de esta soberanía, de problemas municipales de distinta índole que repercuten en la calidad de vida de sus habitantes y en los que los regidores se encuentran imposibilitados para actuar.
“Dicha imposibilidad proviene de la falta de información adecuada u oportuna, por lo que al Congreso de Hidalgo han llegado quejas de regidores de distintos municipios gobernados por todos los partidos políticos, de que no se les proporciona la información pertinente para atender sus funciones, ni siquiera en las comisiones de las que forman parte”.
Añadió que la información debe recaer en los regidores pues ellos tienen la responsabilidad de supervisar la administración municipal, proponiendo opciones de solución a los problemas que presente el municipio y como integrantes del ayuntamiento, asimismo, deben tomar decisiones en forma colegiada en materia de planeación, operativa y normativa.
“La información es de vital importancia para los regidores, por ejemplo, para conocer y evaluar las actividades de las diferentes dependencias municipales, fiscalizar el uso de los recursos públicos, para aprobar el proyecto de Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, entre otros”.
Por último manifestó que sí bien la Ley Orgánica Municipal enuncia algunas facultades y obligaciones de los regidores, en su Artículo 69 donde establece que éstas deberán contemplarse en el Reglamento Interior que expida el Ayuntamiento, sin embargo, muchos de ellos no cuentan con él o no lo tienen actualizado, por lo que estos servidores públicos, se ven limitados para ejercer adecuadamente sus funciones y atribuciones al no estar debidamente señalados en la normatividad respectiva.
