Dos acontecimientos trágicos se suscitaron la semana anterior en México: el socavón que se abrió el miércoles 12 de julio en la carretera México- Cuernavaca y el asesinato de 11 personas en Tizayuca, el jueves 13 de julio. En el llamado Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca se produjo un agujero en el que cayó el vehículo Jetta donde se transportaban dos personas (padre e hijo), quienes perdieron la vida.
De acuerdo con versiones diversas, el percance se suscitó en un tramo vial donde ya se había advertido que podría ocurrir un accidente, esto porque trascendió que para el tránsito automotor entrañaba un riesgo el Paso Exprés, dado que debajo de éste cruzan tuberías de alcantarillado y drenaje cuyas filtraciones pudieron haber favorecido el accidente.
La responsabilidad de la obra estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que contrató a las empresas Construcciones Aldesem y compañía Epccor, las que según señala la prensa nacional presentaron las licitaciones más baratas.
El padre y el hijo cuyo auto se precipitó al socavón se dirigían a su trabajo en la zona industrial de Civac, en el municipio de Jiutepec, Morelos. Al caer el vehículo en el agujero piedras y tierra cubrieron la unidad, lo que impidió a los pasajeros salir, sólo pudieron hacer algunas llamadas de teléfono pidiendo ayuda a sus familiares y sus compañeros de trabajo.
Las labores de rescate tardaron 10 horas en las que, conductor y copiloto, perdieron la vida. Antes de que se presenten los peritajes de ley, es oportuno anotar que para evitar situaciones como la que se lamenta resulta preciso aplicar estrictas medidas de evaluación y control sobre las empresas que acuden a las convocatorias que emite la SCT, pues los factores que favorezcan la designación de las empresas responsables de llevar a cabo los trabajos no debe recaer exclusivamente en el bajo costo de sus servicios.
Homicidio Tizayuca
En la comunidad de Tepojaco, durante los primeros 10 minutos del jueves 13 de julio, un comando irrumpió en una fiesta familiar que se llevaba a cabo en una casa marcada con el número 34 de la calle Señor de los Milagros del fraccionamiento Villa de los Milagros, donde asesinó con armas blancas a 11 personas: siete mujeres y cuatro hombres, dos de ellos adolescentes.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del estado se trató de un ajuste de cuentas, pues el propietario de la casa había estado preso en el penal de Barrientos Estado de México por haber cometido secuestro y otros delitos. En este caso lo que queda de manifiesto es la necesidad de reforzar la seguridad en los municipios hidalguenses colindantes con el Estado de México, pues sigue siendo una constante el hecho de que delincuentes del vecino estado se introduzcan en la entidad ya sea para sembrar cadáveres, cometer ilícitos diversos, incluido el trasiego y venta de droga.
Ciertamente los estados que comparten la Zona Metropolitana del Valle de México han hecho compromisos para evitar invasiones delincuenciales, pero todavía hace falta endurecer las medidas de seguridad en ese sentido.
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