Integrantes del Sindicato de Trabajadores al servicio del poder ejecutivo del Estado, (Sutspeeeh) se presentaron nuevamente ante el Congreso del Estado, para conocer los avances de su demanda de destitución de su dirigente Víctor Martín Licona Cervantes, a quien acusan no solo de irregularidades, sino de pretender reelegirse para un nuevo periodo.
Al respecto Víctor Manuel Pérez Castelazo, quien dijo ser trabajador y sindicalizado, refirió que desde hace tiempo han denunciado las irregularidades que ha cometido el líder sindical sin embargo ninguna autoridad ha querido atender esta demanda, por lo que presumen que cuenta con alguna protección de algún político lo que ya le hace presumir que se buscará reelegirse.
“Víctor Martín Licona, ingresó desde el 2008 al sindicato y al culminar su periodo se reeligió y pretende nuevamente hacerlo por tercera ocasión, lo cual es contrario a la Normatividad y estatutos, por lo cual la exigencia de que se cumpla la ley para que sea separado del cargo como se ha demandado hasta el momento ante diferentes instancias entre ellas el Congreso del Estado”.
De igual manera los inconformes acusaron que por la exigencia ante diversas instancias de que se cumpla la ley muchos de ellos sufren persecución laboral, por lo que dijeron que en caso de alguna represalia contra alguna de ellos, responsabilizaran a varios funcionarios de gobierno y al secretario sindical y al líder sindical.
“Además Víctor Licona pertenece al Consejo Laboral del Tribunal de Arbitraje, «o sea que él es juez y parte, si algo llega en contra de él lo desecha, es una situación de tráfico de influencias y de impunidad que no se puede dar de acuerdo a lo que mandata el gobernador del estado Omar Fayad, quien ha reiterado que todo debe regirse bajo la legalidad”.
Finalmente Pérez Castelazo, quien era acompañado por varios de sus compañeros, señaló que esta situación que se vive al interior del sindicato, afecta a los trabajadores ya que el aumento del primero de enero del 2016, no se dio para ellos y con ello se violan los derechos de más de dos mil trabajadores al servicio del poder ejecutivo del estado.
