El Congreso Agrario Permanente en Hidalgo registra más de treinta conflictos agrarios en diferentes regiones por lo que piden al gobierno del estado se genere un fondo de atención a ello para que se resuelvan antes de que los casos lleguen al derramamiento de sangre.
El próximo dos de agosto realizarán una firma de convenio con el gobierno del estado donde entregarán el Acuerdo para el Campo con el que pretenden contar con una política que les permita trabajar sobre las distintas vertientes para el desarrollo sustentable de las regiones.
Martha López Ríos la nueva dirigente del CAP señaló la necesidad de que el gobierno cuente con un padrón de todos los conflictos que existen en Hidalgo además de destinar un recurso para resolverlos aunado al programa que maneja la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a nivel federal el cual resulta insuficiente “que debe existir, por reglas de operación una obligación de la entidad para contribuir”.
Existen conflictos de mayor relevancia que pudieran ser resueltos con la intervención de las autoridades estatales en aquellos que no contemplan las reglas de operación de la SEDATU mediante su programa de conflictos agrarios.
Entre las organizaciones que agrupan al CAP, la UNTA reconoció 12, UFIC, 14, CEMPA tres, y otros de las distintas agrupaciones campesinas repartidas en el Valle del Mezquital, la Huasteca, Singilucan, Santiago de Anaya, Francisco I. Madero y Huautla.
El acuerdo para el campo pretende el rescate de algunos programas que se han eliminado o desaparecido por falta de presupuesto o recorte a nivel federal que afectan a personas en estado de vulnerabilidad.
Entre ellos consideran programa alimentario que entregue huertos de traspatio y huertos de corral para generar los alimentos de consumo personal, vivienda para jornalero agrícola para los que se encuentran en alta o muy alta marginación, rescatar programas para mujeres del sector rural, programa de atención a jornaleros agrícolas que se transportan a otros estados o países.
De igual forma rescatar el programa de activos productivos que involucre la micro industria, de servicios y económica, reconversión productiva para sembrar otro tipo de cultivos que sean más de consumo humano, así como el rescate de semilla criolla; piden la figura a nivel municipal de una autoridad de desarrollo agropecuario.
