Con el propósito de incrementar y endurecer sanciones contra quien cometa delitos contra la libertad de expresión, la diputada local del grupo parlamentario del PRI Erika Saab Lara, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 92 del Código Penal de Hidalgo, relativo a la aplicación de las penas y las medidas de seguridad en materia de libertad de expresión.
Durante los trabajos de la primera sesión de la diputación permanente al primer año del ejercicio legislativo, la legisladora señaló que la propuesta tiene como objetivo también el armonizar nuestra legislación sustantiva penal con las disposiciones del Código Penal Federal, y agravar la punibilidad de los tipos penales aplicables a los ilícitos cometidos en contra de periodistas o instalaciones.
“En este contexto existe la necesidad de actualizar nuestro marco jurídico penal para brindar una mayor protección a quienes ejercen labores periodísticas, ello, en el estado de Hidalgo, como una medida de prevención del delito y una estrategia de política criminal para sancionar a aquellos ilícitos”.
Por lo anterior4 a decir de Saab Lara, señaló que la propuesta es que se establezca que al cometerse un delito doloso contra de algún periodista, con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información, la libertad de expresión o de imprenta, se aumentarán hasta en una tercera parte y se aumentarán hasta en una mitad, cuando sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.
“Se trata de y proteger a quienes realizan labores periodísticas, la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda para el Ejercicio del Periodismo, por lo que se establecen medidas de prevención y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.
Por último la legisladora local refirió que por ello, al presentarse un delito doloso en contra de algún periodista, con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información, la libertad de expresión o de imprenta, se aumentarán hasta en una tercera parte, las sanciones penales que correspondan al delito cometido, y se aumentarán hasta en una mitad más, cuando sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas o la víctima sea mujer y concurran razones de género, todo conforme a lo que establecen las leyes en la materia.
