A fin de garantizar una mayor y mejor protección y respeto a las garantías individuales de los habitantes del estado, legisladores locales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponen reformas a la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a los Derechos Humanos.
Los legisladores del PRI, Horacio Trejo Badillo, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, Erika Saab Lara y Mayka Ortega Eguiluz, coincidieron en señalar que no debe haber mayor premisa de las autoridades, que escuchar, atender, brindar apoyo y protección a todas aquellas personas que sean víctimas de la violación de sus derechos humanos sin importar, raza, credo religioso, filiación política o grupo poblacional ya que las leyes deben ser para todos por igual
Al respecto, la legisladora local Erika Saab Lara refirió: “Las reformas planteadas a la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a los Derechos Humanos, dijo que se pretende puntualizar el nombre correcto del ordenamiento al que se pretende hacer referencia, en términos de una adecuada técnica legislativa”.
De igual manera, refirió que con estas acciones, se pretende adicionar como principios para el diseño, implementación y evaluación de los mecanismos, medidas y procedimientos para la protección a víctimas, el acceso a los mecanismos de justicia, asistencia y reparación, como una medida complementaria para el reconocimiento de estos principios ya inmersos en la Ley de manera difusa.
“Con estas medidas se busca conservar los principios de empoderamiento y reintegración de los derechos de las personas, así como factibilidad, concebidos al crearse la Ley, a través de reformas a la fracción novena del artículo cuarto al quinto de la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a los Derechos Humanos”.
Saab Lara, afirmó que entre los sujetos que deben ser los principales impulsores del respeto y protección a los derechos se encuentran los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las fuerzas de seguridad pública, los militares los órganos legislativos, así como los tres poderes del estado y toda persona en general.
En diciembre del 2005 la asamblea de la ONU, aprobó las directrices y principios básicos sobre el derecho de las víctimas no solamente para atención sino para la reparación de daños.
