Con el nuevo marco legal, la desaparición del fuero y la creación de instituciones encargadas de vigilar el correcto manejo de los recursos públicos, ya no pasarán más los años ventilando posibles fraudes de funcionarios, y ante una denuncia debidamente fundamentada, la acción judicial será inmediata, aseguró la contralora estatal, Citlali Jaramillo Ramírez.
Ante la aparente impunidad de que gozan ex funcionarios que desviaron recursos públicos en los sectores de Educación y Salud, así como en Radio y Televisión de Hidalgo, en la pasada administración estatal, y los que pudieran “destaparse” en el futuro, ahora se cuenta con un sistema “con dientes” que permiten acciones concretas e inmediatas en contra de quienes utilicen los cargos públicos para enriquecerse ilícitamente, aseguró Jaramillo Ramírez.
Se trata de delitos que en la administración de Omar Fayad Meneses son desalentados, pues se ha implementado una auténtica tenaza constituida por el Sistema Estatal Anticorrupción, el retiro de fuero, la implementación de Comités de Contraloría Social, de Observatorios Ciudadanos y de un marco legal reformado, para atrapar en ella a quienes abusen de sus cargos públicos.
“En el gobierno de Omar Fayad Meneses no se va a tolerar la corrupción; se han tomado las medidas necesarias para ser un gobierno transparente, para actuar dentro de una caja de cristal”.
La secretaría de la Contraloría destacó que además se han recorrido los 84 municipios, se han instalado 25 Comités de Contraloría Social y el Observatorio Ciudadano de la CMIC, y se sigue trabajando en ese sentido, “para que los funcionarios, los presidentes municipales no se digan sorprendidos, no argumenten desconocimiento de sus obligaciones”.
Aceptó que la población demanda acciones concretas, inmediatez en el castigo de acciones fraudulentas, como es el caso del ex alcalde de Mineral de la Reforma, Filiberto Hernández, por citar un ejemplo, pero recordó que estos presuntos delitos se dieron en la pasada administración, con un marco legal anterior, que da un año a la Contraloría Superior del Estado para integrar un expediente, un año más para que el señalado solvente los recursos, y cuando éste último ya no pueda solventar más, entonces se inicie un proceso legal en su contra.
Pero se cuenta ya con un nuevo marco legal, subrayó Jaramillo Ramírez. “La ciudadanía exige inmediatez en la acción judicial para generar certidumbre; ahora la Auditoría podrá resolver de forma inmediata. Quien la haga, la pagará de inmediato. La consigna es nadie por encima de la ley”.
Finalmente, sobre los megasalarios que ganan alcaldes de municipios con pobreza extrema, como el de 63 mil pesos mensuales en Tenango de Doria, la contralora hizo notar que en estos casos corresponde a los cabildos, a los sindicatos, frenar estos abusos, pues recordó, los municipios son autónomos.
