México ha tenido la desafortunada coincidencia de sufrir dos terribles sismos en la misma fecha, el 19 de septiembre de 1985 y el mismo día en el 2017. Estos fenómenos naturales resultaron en la muerte y la destrucción de edificios en la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Morelos, Puebla y Oaxaca (por mencionar los estados más afectados), pero también en algunos de los actos colectivos más significativos en la historia contemporánea de nuestro país: la solidaridad espontánea de miles y miles de personas.
Es necesario hacer toda una reflexión sobre el qué impulsa a toda esta gente para ayudar a desconocidos. Pero en este momento quisiera hablar sobre otro de los efectos no esperados de los sismos: la transformación en la política nacional.
El temblor de 1985 significó una desgracia en términos de pérdida de vidas humanas (sin duda esta fue su consecuencia más importante), pero también fue un parteaguas en la historia político-social para el país. En esta época, el Estado mexicano no tenía cuadros preparados para enfrentar una desgracia de tales dimensiones ni existían protocolos o instituciones avocadas específicamente a la atención de las víctimas o el rescate de personas.
Esto resultó en que la respuesta estatal fuera tardía, desordenada, contraproducente e incluso llena de obscuros pasajes de actos de corrupción e intentos por ocultar información. El pasmo estatal ante el sismo hizo evidente que el viejo sistema político ya no era sostenible. Del temblor de 1985 surgió la solidaridad, pero también uno de los más importantes actores del México contemporáneo: la sociedad civil.
Por supuesto, esto no significa que no existiera este tipo de organizaciones previamente, sino que la debilidad institucional hizo evidente que varios de los problemas sociales tenían que ser resueltos desde la sociedad; el gobierno ya no era el benefactor todo poderoso.
El Estado de México sin duda ha cambiado, desde el 1985 se ha ido configurando un sistema nacional, estatal y municipal de protección civil que permite prevenir y organizar la respuesta gubernamental para atender los distintos fenómenos naturales que afectan a nuestro país como los temblores o los Huracanes. Por su parte, el ejército y la marina han creado uno de los programas más efectivos en el mundo para la ayuda a la población civil en caso de desastres.
Todo ello colaboró para que el gobierno y las fuerzas armadas, frente a los temblores del 7 y del 19 de septiembre del 2017, pudieran desplegar una respuesta organizada y efectiva en las tareas de rescate y atención de las víctimas.
A pesar de estos avances, al igual que sucedió en 1985, el sismo del 19 de septiembre del 2017 generó una crítica social al sistema de partidos, principalmente a los desorbitantes recursos públicos utilizados en financiar a las instituciones partidistas y el costo de la organización de las elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral.
La propuesta de que los partidos donaran parte de su presupuesto asignado para el 2018 pronto se convirtió en una masiva exigencia ciudadana que se manifestó en plataformas sociales como change.org, donde la petición “Deben partidos políticos donar los casi 7,000 millones a víctimas del Sismo 7 / 19 septiembre”, ha recolectado las firmas de más de 1 800 000 personas.
El Partido Revolucionario Institucional ha decidido renunciar a lo que queda de su presupuesto para este año (258 millones de pesos) y presentó una iniciativa constitucional para cancelar el 100% de financiamiento público a los partidos políticos. Esto sin duda marca un hito en la historia de la política moderna de México. Veremos cuál es la respuesta de los otros partidos ante este reclamo social; el sismo político del 19 de septiembre sin duda está creando otro México.
