Autorizan los diputados locales a los municipios de Tepeapulco, Chapantongo y Zimapán, contratar adeudos por alrededor de 29 millones de pesos los cuales deberán liquidar antes de que terminen sus respectivas administraciones.
Los montos máximos autorizados para la alcaldía de Chapantongo fue por diez millones 848 mil 681.00pesos, para el ayuntamiento de Tepeapulco se avaló una deuda de hasta seis millones 896 mil 542.00 pesos; mientras que para la presidencia municipal de Zimapán, se permitió un adeudamiento de 11 millones 210 mil pesos.
En tribuna el legislador local del PVEM Octavio de la Torre Sánchez, señaló que los empréstitos autorizados para los tres ayuntamientos deberán ser destinados para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien precisa y exclusivamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.
“La líneas de crédito, deberán ser liquidadas en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo constitucional de la presente administración municipal y de acuerdo a lo que establece el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y los municipios”.
De igual manera se dio a conocer que la autorizaron de la contratación de líneas de crédito deberá convenirse con instituciones de crédito o integrantes del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores tasas de rendimiento para la contratación de los mismos, así como las facilidades para su liquidación.
En la misma sesión las y los legisladores locales, acordaron emitir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social federal, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para que se convoque a una amplia consulta pública en la que participen representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios, autoridades, investigadores, académicos, así como todos los sectores involucrados en la reforma laboral.
