A partir de mayo próximo los 65 mil burócratas estatales, entre ellos los maestros, médicos “y hasta el gobernador”, deberán hacer pública su declaración patrimonial, la declaración fiscal y la declaración de intereses; en el caso de los funcionarios de rango superior, deberán presentar además la Declaración 3de3, informó la secretaria de la Contraloría, Citlali Jaramillo Ramírez. “Y habrá fuertes sanciones para quienes no cumplan”, advirtió.
De igual manera subrayó que el gobierno estatal no reintegrará a la Federación un solo peso de los mil 100 millones de pesos que están en riesgo de serlo, por no haber integrado hasta ahora la documentación comprobatoria. “Estamos trabajando en eso y por supuesto que no habrá ningún reintegro”, afirmó.
La funcionaria compareció este martes ante la LXIII Legislatura estatal con la glosa del Primer Informe de Labores, y detalló que la administración estatal tiene observaciones por cuatro mil 692millones de pesos, de los cuales han sido solventados 950 millones y dos mil 223 millones de pesos son objeto de análisis.
Reportó además que la dependencia a su cargo emprendió en el año 548 procesos por presuntas anomalías que dieron como resultado 124 sanciones, 42 amonestaciones, 36 suspensiones, 10 inhabilitaciones, siete sanciones económicas y dos sustituciones.
En el renglón de suspensiones se enmarcan las de dos funcionarios de la SEPH, uno de Radio y Televisión de Hidalgo, uno más de la Secretaría de Salud y un quinto por el cual existe Ficha Roja de Interpool.
La funcionaria detalló a los diputados un exhaustivo trabajo de la Contraloría enfocado a erradicar la corrupción, la impunidad y la malversación de recursos públicos.
Labor que se sintetiza en la conformación de mil 700 Comités de Participación Ciudadana integrados por 75 mil hidalguenses que vigilan que los dos mil 500 millones de pesos destinados a obra pública y programas se apliquen con calidad y a tiempo.
Se cuenta ahora con un marco legal para que “los alcaldes, los funcionarios estatales y municipales, sepan que ya no gozan de fuero, que pueden ser auditados en cualquier momento y terminar en la cárcel”.
Se avanzó sustancialmente en el renglón de la denuncia pública, con la puesta en servicio del número 01800 HONESTO, buzones de denuncia pública, incluso anónima, la capacitación de mil 500 funcionarios en materia de transparencia, y se cuenta hoy con herramientas como el Sistema Estatal Anticorrupción.
Aceptó Jaramillo la necesidad de acelerar el paso en materia de Mejora Regulatoria, de Ventanilla Única de Trámites y de homologación de los mismos, para ofrecer a los inversionistas certeza jurídica y facilidad para la apertura de empresas.
“Los hidalguenses estamos hartos de la corrupción, de la impunidad”, a los que responsabilizó de la “profunda brecha económica entre ricos y pobres”, y subrayó que “entre mejor vigilancia de los recursos públicos, más obras y beneficios para la población”.
