La titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), Rosa Gabriela Ceballos Orozco, explicó que de manera permanente se realizan operativos de vigilancia sanitaria tanto en mercados como en tianguis, lo que permite descartar la presencia de carne de equino que provenga de los rastros ubicados en la entidad.
Lo anterior, derivado del estudio presentado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se establece el análisis aleatorio en diversas ciudades del país sobre el manejo y comercialización de carne cruda y cocida, y que señala a Pachuca como uno de los lugares donde se localizó la venta de carne de equino en lugar de res.
Agregó que pese a detectarse que la carne no pertenece a rastro alguno del estado, la venta de este tipo de producto no está prohibida, pues de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM 194-SSA1-2004, referente a las especificaciones sanitarias que se deben manejar en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio, se aclara que en tanto el producto cumpla con los requerimientos sanitarios, el consumo de la carne de caballo, no genera daños a la salud.
Señaló que incluso estados como Chihuahua, Zacatecas o Aguascalientes cuentan con rastros Tipo Inspección Federal dedicados al sacrificio, proceso e industrialización sanitaria de la carne de equino, por lo que se estima que la carne encontrada en Pachuca pudo provenir de cualquier otra entidad.
Del mismo modo, agregó que el consumo de la carne en el estado es seguro, y la Copriseh realiza vigilancia y capacitación permanente a rastros y carnicerías para generar conciencia sobre el daño a la salud ocasionado por el consumo de clembuterol; detalló que para que se pueda realizar el procesamiento y venta de los productos cárnicos, se vigila la procedencia, medidas sanitarias, transporte, etiquetado, conservación y el manejo de los productos antes de ser entregados a los clientes.
Señaló que la irregularidad encontrada consiste en engañar a la población sobre el tipo de producto que adquieren, por lo que serán las instancias pertinentes las encargadas de las sanciones que correspondan.
