Faltan menos de siete semanas para que concluya el 2017, un año “especialmente difícil” para los sectores productivos en la entidad, para el sector gubernamental -que “baila con la más fea”-, pero principalmente, para la población de menores ingresos.
Un año crítico originado por factores nacionales como los recortes presupuestales. la liberación del precio de los combustibles y los sismos de septiembre, y factores internacionales como el impacto de la inestabilidad económica mundial –la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las amenazas nucleares de Corea del Norte, las presiones económicas chinas, por citar algunas- o la incertidumbre generada por la renegociación del Tlcan, que se tradujeron en México en devaluación e inflación.
Quien no la ha tenido tampoco fácil es el presidente Enrique Peña Nieto, quien lo mismo ha tenido que lidiar con las amenazas constantes de Donald Trump, y sus consecuencias, que con las adelantadas ansias de un “destape” político y la desagradable sorpresa de que cuando menos recursos hay al alcance, se producen dos temblores de inédita magnitud que dan al traste con una ya de por si precaria infraestructura educativa y de vivienda.
Pero pareciera que en medio de esta crisis abundan aquellos a los que no les “cae el veinte”.
Aunque con menor jerarquía en los espacios de noticias, especialmente los impresos, no dejan de llamar la atención las noticias sobre más endeudamiento de Pemex, de los estados y municipios, de la propia Federación recursos destinados sobre todo para sostener administraciones públicas obesas, de cuates, encargadas de administrar la pobreza del grueso de los mexicanos.
Deudas que como la última de Pemex, por 450 millones de Euros, deberán pagarse en el año 2025, y que como en la actualidad, obligan a destinar más recursos al pago del “rescate bancario” -¿lo recuerdan?-, que a las labores de reconstrucción.
Hay quienes cierran el año exitosamente, como los diputados federales –dueños de la cuchara más grande-, que se autoasignan un pago de marcha de un millón de pesos cada uno -500 millones de pesos en total-, y para que no se quejen, asignan 700 mil pesos por este concepto a los senadores. Y como también la mayoría son cuates, autorizan aumento en salarios a los funcionarios gubernamentales para el año próximo. Total, es dinero “gubernamental”.
Convendría saber con precisión cuánto de los 5,236,375.6 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2018 se destinará a obra pública, construcción y reparación de infraestructura educativa, de infraestructura hospitalaria, a pago de salarios de maestros, personal de apoyo a la educación, médicos, enfermeras y personal administrativo del sector salud… y cuánto a salarios, sobresueldos, prestaciones, gastos de representación, etcétera, etcétera, de la alta burocracia, cámaras legislativas, Suprema Corte de Justicia de la Nación y, naturalmente, el aparato electoral.
Escribió Catón hace unos días un artículo que encabezó como “El dinero más fácil de gastar… el ajeno”, refiriéndose precisamente al despilfarro que suele darse de los impuestos de los mexicanos en los sistemas político-electoral y gubernamental en el país.
Yo le diría que el dinero más fácil de gastar es el ajeno, pero refiriéndose al dinero de los “papis”, del marido o del amante. Que el dinero de las arcas públicas que se dilapida no sólo es el más fácil de gastar… es también un acto criminal.
