La Coparmex Hidalgo exigió al Congreso de la Unión que convoque a un período extraordinario de sesiones y atienda asuntos de gran relevancia para el desarrollo del país, que de lo contrario, no podrán ser discutidos hasta el mes de febrero del año próximo.
El pasado 15 de diciembre se fueron de asueto diputados y senadores, el país, “y debido a la desatención y al incumplimiento legal de los legisladores la agenda política y ciudadana viene posponiéndose”, afirmó el presidente del organismo, Ricardo Rivera Barquín.
Es urgente, citó como ejemplo, regular la publicidad oficial, pues recordó que “tan solo de 2013 a 2016, la presente administración federal gastó 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, lo cual es un 75% mayor a los que aprobó el Congreso de la Unión para estos años. Tres grupos parlamentarios presentaron iniciativas de regulación en la materia, sin embargo, los Senadores no las discutieron.”
Pero eso es sólo un ejemplo; no cumplieron los legisladores, antes de irse, “con realizar los nombramientos clave para identificar, perseguir y juzgar delitos de corrupción. Tampoco establecieron un límite claro para el uso de la publicidad gubernamental; mientras la Fiscalía General de la República sigue sin tener una realidad al no establecer los legisladores la ley orgánica para que pueda tener una fiscalía que sirva”, afirmó.
Por ello, dijo, “en Coparmex Hidalgo exigimos que los legisladores cumplan a cabalidad con sus funciones, que dejen en segundo plano la política partidista que los vuelve ineficientes y crecientemente omisos ante el deber.
Resulta urgente un período extraordinario de sesiones, “para discutir los asuntos que quedaron pendientes, de forma que e legislativo no se desintegre hasta que haya cumplido con su responsabilidad.”
Calificó Rivera Barquín dos temas particularmente relevantes: en el Senado, los pendientes tienen que ver con dos temas fundamentales para la vida del país, como son el combate a la corrupción y la libertad de prensa.
“Efectivamente, en materia de lucha contra la corrupción, los senadores cerraron el período ordinario de sesiones sin nombrar al Fiscal Especial en Delitos de Corrupción. Tampoco concluyeron el proceso de designación de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, especializados en casos Anticorrupción, y para el cual fueron postulados 18 personas. Sin estos nombramientos, la operación eficaz del Sistema Nacional Anticorrupción queda comprometida.”
La aprobación de una ley que regule la publicidad gubernamental no puede esperar, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que la ley debe ser aprobada a más tardar el 30 de abril del 2018.
Los retos para la Cámara de Diputados son aún mayores y se pueden clasificar en 4 dimensiones: combate a la corrupción, Seguridad, Derechos de Propiedad y Competitividad.
En materia de lucha contra la corrupción, la Cámara de Diputados faltó a su deber de nombrar al nuevo titular de la Auditoria Superior de la Federación. De una terna ya integrada, no llegaron al consenso.
Sin una Ley General de Seguridad Pública, y más allá de sus deficiencias intrínsecas, La Ley de Seguridad Interior que fue aprobada, da una solución incompleta al problema de la inseguridad en el país.
En materia de competitividad, debe reconocerse que México necesita facilitar y hacer más accesibles los productos y servicios financieros a todos sus ciudadanos, para poder ser más competitivos.
Otro paso importante que debe de darse para mejorar la competitividad, es la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria, a fin de que ésta pueda comenzar a aplicarse, y aligerar la carga regulatoria de más de 138 mil leyes, normas y reglamentos, que inhiben la creación y el desarrollo de las empresas.
Hacer frente a los desafíos que enfrenta nuestro País, requiere de legisladores críticos, independientes y comprometidos con los ciudadanos, dijo finalmente.
