La Coparmex Hidalgo exigió transparencia en el Acuerdo de Coordinación Fiscal y poner fin a un gasto público desordenado que no genera infraestructura ni provee a los ciudadanos de servicios públicos de calidad.
Ricardo Rivera Barquín, presidente del organismo empresarial, expuso lo anterior para considerar que “uno de los grandes problemas de nuestra democracia es el que los estados han renunciado a sus facultades fiscales y se han atenido a un sistema federal que hoy les provee del 90% de sus recursos.”
Al mismo tiempo, “la Federación es condescendiente y omisa, y no exime pulcritud, transparencia y rendición de cuentas sobre el dinero público que entrega a las entidades federativas.”
Exige entonces la Coparmex “que el pacto federal en el ámbito financiero se traduzca en una relación institucional transparente entre la Federación y los Estados y que incentive la recaudación propia, la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el equilibro de las finanzas públicas locales.”
Afirmó que la relación entre gobierno federal y gobiernos estatales pasó de ser una relación de sumisión y se convirtió en una relación de conveniencia, en donde lo estados exigían transferencias y participaciones a cambio de su apoyo político.
“Parte de los beneficios que los estados recibieron por parte de un gobierno federal que prefería mantener esta relación de conveniencia sin transparencia o rendición de cuentas, fue la permisividad frente al endeudamiento público no sostenible.”
Pese a que las deudas estatales no son cuantiosas, dijo, pues de hecho, apenas representan el 3.1% del PIB nacional en 2016 (todo con cifras ajustadas a 2017), dada la precaria condición estructural de las haciendas públicas estatales, en muchos casos, los pasivos son insostenibles.
De tiempo atrás la Constitución establecía que la deuda adquirida por los estados no podría ser destinada al gasto corriente, sino a inversión productiva, pero esta norma ha sido letra muerta. “Según cifras oficiales, entre 2006 y 2011, muchas entidades crecieron en su endeudamiento, pero ninguna incrementó su gasto en obra pública. En adición a ello, la mayoría de la deuda de estados y municipios (más del 80%) se “garantizaba” a través de las participaciones federales, es decir, sin tener relación alguna con los ingresos propios generados.”
Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se aprobó una nueva ley que obligó a los estados a rendir cuentas sobre sus decisiones de endeudamiento. La ley fue muy celebrada, pero ésta no se aplicó eficazmente. Ni la recaudación local, ni la eficiencia del gasto, ni su fiscalización mejoraron.
Lo mismo se repitió en 2016; además se dio a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de revisar las participaciones, y se obligó a las entidades federativas a inscribir y publicar en el Registro Público Único la totalidad de sus créditos y obligaciones de pago. Todos estos cambios fueron positivos aunque, debido a que han sido recientes, no queda claro que hayan sido aplicados.
En noviembre del 2017, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Las reformas permitirán a los gobiernos estatales, a partir de 2018, utilizar en gasto corriente hasta 5% de sus ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, siempre y cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
