A fin de establecer que “tratándose de delito doloso que prive de la vida a una mujer de forma violenta, la investigación que se inicie deberá realizarse bajo los protocolos de feminicidio”, la diputada local por el distrito de Tizayuca Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, propuso adicionar un párrafo al artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En su intervención la legisladora local del grupo parlamentario del PRI, señaló que la iniciativa se basa en que se requiere incluir el deber de investigar para garantizar una respuesta adecuada del Estado frente a hechos de violencia, y ver la investigación con alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal.
“La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres definió la violencia contra la mujer como: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
La legisladora local, añadió que la violencia contra las mujeres no solo daña a quien se dirige, sino a una sociedad en general, y aún más cuando la consecuencia de esta, es la privación de la vida, porque la muerte violenta de las mujeres por razones de genero constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer y más aún cuando no lo es por esa rezón,
“Es por eso que consideramos que estos delitos merece una investigación especial pues constituyen una violación de varios derechos fundamentales de las mujeres, consagrados en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y sexual, y el derecho a la libertad personal”.
Cuatepotzo Pérez afirmó que con la finalidad de combatir la violencia contra las mujeres, el derecho internacional ha establecido un conjunto de normas y estándares que obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones sufridas, acciones que han sido emprendidos en nuestro país, sin embargo, aún es posibles fortalecer el marco jurídico.
