Lograr la total transparencia en la aplicación de los recursos públicos es un reto impostergable en México, para poner fin al uso del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), como instrumento político-electoral del gobierno federal sobre los gobiernos estatales, señaló la Coparmex Hidalgo.
Un fenómeno que generó que en la presente administración el gasto en tres programas sociales creciera 82%, mientras que el destinado a obra pública va en franco declive, y que la deuda pública se disparara.
El PEF es aprobado por la Cámara de Diputados pero al estar permitidas “adecuaciones presupuestarias”, “el Ramo 23 se ha convertido en un espacio creciente de discrecionalidad en el gasto público, generando graves distorsiones presupuestales”.
Ricardo Rivera Barquín, presidente del organismo, destacó en un comunicado oficial que estas adecuaciones permiten además que los recursos destinados a programas sociales serán ejercidos con “inspiración político-electoral”, erosionando con ello el equilibrio en las finanzas públicas y permitiendo endeudamientos inoperantes para los gobiernos federal y locales.
“El gasto que se ejerce mediante el Ramo 23 es muy cuantioso y creciente. En 2017, tuvo un incremento seis veces mayor que el incremento del gasto en educación”, destacó Rivera Barquín, para luego hacer notar que “en lo que va de la presente administración, cerca de 318 mil millones de pesos, un equivalente al 30% de los nuevos ingresos derivados de la reforma hacendaria, se han transferido discrecionalmente a solo tres programas del Ramo 23”.
Considera Rivera Barquín que dicho presupuesto “debe ser equilibrado con los ingresos proyectados para lograr el equilibrio de las finanzas públicas; sin embargo, cada ejercicio el Gobierno Federal desatiende y se aparta de lo autorizado en el PEF y existen fuertes discrepancias entre el gasto aprobado y el gasto ejercido”.
Fundamentó su opinión en el más reciente análisis elaborado por México Evalúa referente al Ramo 23. “Estas diferencias son posibles debido a la flexibilidad normativa de este rubro de gasto que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contiene “obligaciones y responsabilidades del gobierno federal que, por su naturaleza, no es posible prever en otros ramos administrativos o generales”.
La realidad es que el ejercicio presupuestal de este gasto “tiene un sesgo electoral y partidista, y en un fenómeno que no es exclusivo de los gobiernos de una extracción partidista en particular, ha estado presente en las dos últimas administraciones federales”.
El presidente de la Coparmex Hidalgo recordó que “un año antes de los procesos electorales para la Presidencia de la República, (2011 y 2017, respectivamente), las transferencias en subsidios se concentran en las entidades con gobiernos estatales que comparten filiación partidista con el gobierno federal en turno; es decir, el uso discrecional del gasto no sólo implica un gasto ineficiente del presupuesto, sino que pareciera tener motivaciones de índole política electoral”.
Existen otros indicadores, subrayó, “que nos obligan a exigir soluciones para frenar esta dinámica. En 2018, el costo financiero del sector público presupuestario alcanzará su máximo histórico, creciendo 25% en sólo un año, y con un incremento del 82% respecto al año 2012 en que inició su mandato el actual gobierno”.
En contrapartida, el gasto del gobierno en inversión fija va en franco declive, manteniéndose en un nivel históricamente bajo, como participación en el gasto en bienes y servicios públicos.
Todo ello lleva a la Coparmex a insistir en la conformación de un Consejo Fiscal Independiente, el cual opera en 50 países que se distinguen por un mandato claro para reducir el déficit público y mantener vigente las políticas presupuestales del Estado.
