Al dar a conocer resultados de estudios oficiales respecto de las agresiones a las mujeres, el diputado local sin partido, Miguel Ángel de la Fuente López, afirmó que dichos estudios demuestran que Tulancingo es el municipio del Estado y el país con los mayores índices de violencia contra las mujeres.
De acuerdo con el legislador local, sí bien las cifras de víctimas a nivel nacional son alarmantes, estas se agravan aún más desde el momento en que se encuentran con mayores índices en Hidalgo, ya que este se ubica entre las seis entidades, con más casos de agresión sexual a mujeres, es decir se detectan 513 ataques sexuales por mes.
“En razón de la cifra anterior y atendiendo al último informe de violencia municipal, basado en las averiguaciones previas 2017, a entidad registra las tasas más altas de violencia sexual y dolosa en el país, teniendo al principal foco de violencia contra la mujer al municipio de Tulancingo con 39.95 violaciones por cada cien mil habitantes, la cual supera cuatro veces la tasa nacional que fue de 10.31, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justica Penal Asociación Civil”.
De la Fuente López añadió que este es el registro más violento que se ha identificado en la historia del Estado de Hidalgo, lo cual dijo causa asombro, pese a que se tienen cinco leyes en el ámbito local y además es importante destacar que existen instituciones para eliminar la violencia contra las mujeres. Instituciones que fungen como las ejecutoras de la política pública, pero que al parecer no están desarrollando adecuadamente el trabajo de la prevención de violencia contra la mujer.
“Existen mecanismos de política pública que han sido insuficiente e ineficaces como son: El Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, El Consejo para la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres y la no discriminación, las Instancias municipales para el desarrollo de las mujeres y las Unidades Institucionales de género de las secretarias y dependencias de la administración pública estatal”.
Por último, refirió que es imperante que el Estado condene y erradique la violencia sexual contra la mujer, para que a la brevedad se observen resultados concretos para asegurar a la mujer; el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad de la persona y a una verdadera vida libre de violencia de cualquier tipo.
