En los últimos días, las autoridades judiciales andan muy activas. Hay varios casos que han ameritado su intervención que – casualmente – ahora es pronta y expedita. Resulta que hace poco, se procesó a tres regidores de Tula por su “presunta responsabilidad en los delitos de asalto y robo” a una tienda de conveniencia. El día de hoy (31 de mayo) un agente del ministerio público fue detenido en posesión de un kilo de mariguana. Estos dos hechos aislados tienen un común denominador. Los involucrados están directamente ligados con partidos políticos de oposición en Hidalgo.
En el caso de los regidores pertenecen al PAN y al PRD, en el segundo caso se trata del hijo de una candidata a diputada federal por Morena. Independientemente de su situación legal, parece cuestionable la eficiencia de las autoridades judiciales en estos casos en pleno proceso electoral.
Quisiera enfatizar que la situación jurídica de los señalados no está en discusión. Los involucrados tendrán que defenderse a través de los órganos correspondientes. Pero resulta un tanto extraño que justo en estos tiempos se asesten golpes tan certeros a “presuntos responsables” de algún delito. Y éstos se encuentren ligados a partidos políticos o candidatos.
Aunado a lo anterior, habría que sumar las álgidas discusiones con los Sindicatos de Trabajadores de los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma que ahora se han vuelto más complejas. En este particular hay que recordar que los ayuntamientos referidos son gobernados actualmente por el partido Acción Nacional.
Dichos conflictos laborales, quizá fueron alimentados por la vorágine electoral o quizá por intereses legítimos de los trabajadores para procurar a su gremio mejores condiciones en su lugar de trabajo.
Lo cierto, es que al final del día actores políticos y autoridades judiciales parecen muy activos en el marco de una campaña electoral. Porque los acontecimientos cotidianos ahora alcanzan una dimensión política debido a que tienen una hebra que conduce a un partido político o a un candidato de oposición.
En este sentido habría que decir que hay otros casos que no reciben la misma tribuna mediática. Como los presuntos desvíos millonarios de la administración pasada con Francisco Olvera Ruiz, el enriquecimiento desmedido de algunos funcionarios de primer nivel que participaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la venta de áreas verdes que realizó una candidata al Senado, entre otros. Todos los anteriores, no han tenido un seguimiento porque son casos relacionados con personas que forman parte del gobierno.
Bajo esta óptica habría que considerar que en el estado de Hidalgo todavía prevalece una cultura política parroquial (en el modelo de Almond y Verba). Donde los ciudadanos son distantes al gobierno y no son conscientes de los fenómenos políticos. No tienen conocimiento ni interés en la política. Este tipo de cultura política es en general congruente con una estructura política tradicional, y típica de sociedades donde no hay roles políticos especializados: el liderazgo, la jefatura del clan o de la tribu, o el chamanismo son roles difusos de tipo político-económico-religioso y, para los miembros de estas sociedades, las orientaciones políticas hacia dichos roles no están separadas de sus orientaciones religiosas o sociales.
Bajo estos esquemas, la difusión de notas con un alto impacto político influye en la orientación política de las personas. No es casual – desde mi perspectiva – que estos asuntos de propaguen con tanta intensidad en medio de un proceso electoral.
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