En el denominado año de Hidalgo, el ex gobernador Francisco Olvera Ruiz, entregó a sus amigos unas las patentes de notarías que no cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos por ley.
Al parecer, Olvera quiso recompensar a sus amigos con una notaría por los favores recibidos a lo largo de su administración. Esa puede ser una hipótesis, o bien; en un afán de ser generoso con los cercanos pasó por alto el procedimiento legal y asignó de motu proprio las 16 notarías que hace un día un juez de distrito declaró nulas porque la convocatoria mediante la cual fueron entregadas no cumplía los requisitos legales.
Esta historia, sin embargo, tendrá un nuevo capítulo porque los afectados han anunciado que recurrirán también a la vía legal para mantener ese privilegio que les asignó el ex gobernador Olvera. Sea cual sea la conclusión de estos hechos lo cierto es que la pasada administración estatal dejó muchos pendientes.
No hace mucho la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubicó al ex gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, en una lista de 22 mandatarios priistas acusados de desviar millones de pesos durante sus administraciones.
Según la ASF, el daño al erario causado por estos servidores públicos, suman los 258 mil 829 millones 185 mil pesos. Tomando en cuenta lo anterior, el portal Sin Embargo medio digital de noticias, público una lista de los ex mandatarios denunciados por la ASF, ahí aparece Francisco Olvera señalado por hacer un negocio por 600 millones de pesos con 3 mil concesiones de taxis, costear fiestas privadas de 300 mil pesos, así como asistir con su familia al Super Bowl.
Además, añade Sin Embargo, “En los últimos tres años de su gestión, Radio y Televisión de Hidalgo fue dirigida por Sergio Islas, quien fue inhabilitado y multado por un desvío por más de 100 millones de pesos”, refiere el medio digital.
A lo anterior, habría que sumar las recientes declaraciones de Pablo Pérez Martínez, ex subsecretario de finanzas y administración de la SEPH en la administración de Olvera quien declararó al portal informativo, Eje Central el modus operandi para el desvío de recursos públicos en el sexenio pasado en el estado de Hidalgo.
Según Pérez Martínez, durante cinco años, el ex gobernador Francisco Olvera Ruiz ordenó retiros en efectivo de las secretarías de Educación Pública y de Salud de Hidalgo, lo que sumó 2.7 mil millones de pesos. Este ex funcionario relató cómo el ex gobernador daba las órdenes y cómo recibía los recursos en efectivo, dentro de cajas de archivo muerto de las propias instituciones e incluso en algunas ocasiones tuvieron que hacer uso de los servicios de empresas de transporte de valores, por la cantidad de billetes que representaba.
De acuerdo con el ex funcionario, entre las personas que conocían todas esas operaciones y que también se beneficiaron, fueron Nuvia Mayorga, ex presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y actual candidata al Senado de la República por el PRI. .
De tal suerte que los saldos de la anterior administración están saliendo a la luz y el caso de las notarías no es la excepción. Los beneficiados con esta entrega mañosa son amigos y ex funcionarios del propio Olvera Ruiz. Entre ellos, Juan Manuel Menes Llaguno a quien Olvera Ruiz impuso como presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como Valentín Echavarría Almanza, ex secretario del Trabajo y Previsión Social, Héctor Aldana Rodríguez, ex secretario particular de Salvador Elguero Molina, ex secretario de Gobierno en los últimos 20 meses de la anterior administración; Mario Souverbille González, ex coordinador jurídico estatal, Alejandro Straffon Ortíz ex procurador de justicia, así como Omar Pacheco Cortés, ex secretario de Obras Públicas en el sexenio de Jesús Murillo Karam (1993-1998) y Judith Araceli Gómez Molano, ex oficial mayor de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando era dirigida por el propio Murillo Karam, entre otros.
Por tanto, no estaría mal llamar a cuentas al actual presidente del PRI en la Ciudad de México. Eso se podría hacer a partir de una nueva configuración política del Congreso Local que se renueva dentro de pocos días. En un escenario hipotético, en donde la oposición ganara la mayoría del Congreso podría solicitar una auditoría al ex gobernador por su presunta responsabilidad del desvío de recursos públicos a las finanzas del estado.
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