Definitivamente la forma es fondo… y más en tiempos electorales. Ello queda evidenciado con el recrudecimiento de la tensión que existe desde hace varios años entre la alcaldía de Atotonilco de Tula y las empresas cementeras en ese municipio.
Conflicto cuya cara externa es por demás simple: mientras las empresas están en su derecho de realizar o no donativos en especie y exigir un marco legal en el pago de impuestos municipales, las autoridades municipales tienen compromisos que cumplir con quienes les eligieron, no reciben los donativos acostumbrados para poder hacerlo y buscan satisfacer necesidades a través del cobro del Impuesto Predial a las empresas, aumentando los cobros a su arbitrio.
Las cementeras han venido pidiendo al alcalde con licencia y hoy candidato a diputado federal por Morena –quien exigía además un “pago justo”, multimillonario, por permitir el cruce del gasoducto por ese municipio, inconcluso por 11 kilómetros-, Julio César Ángeles Mendoza, y al alcalde en funciones, Saúl López Ruiz, que sustenten sus cobros de impuesto predial en base a la Tabla de Valores Catastrales aprobada por el Congreso.
Pero enfrentan entonces las autoridades municipales un problema: no cuentan con un presupuesto de ingresos aprobado por el Congreso, y en caso de calcular en impuesto en base a la ley, el cobro sería muy inferior al pretendido.
Es tradicional, aunque no sustentado en ley, que grandes empresas en México, como Pemex, o las cementeras, entreguen donativos a los municipios en donde ubican plantas, para compensar las molestias que causan; en el caso de Pemex, bien puede ser asfalto para pavimentar o bachear calles o caminos, gasolina para movilizar los vehículos oficiales o aditivos para los mismos. En el caso de las cementeras… bueno, el cemento sirve para muchos objetivos.
Pero lo que es muy cierto es que se trata de donativos que jamás se llevaron a un papel impreso para formalizarlos, y que se convirtieron al paso de los años en un toma y daca entre empresarios y funcionarios municipales.
Y si esto lo llevamos al terreno de la trasparencia por la que tanto pugna la Coparmex en el país, indudablemente es el momento para que dichos donativos se establezcan en acuerdos, en convenios, y que los cobros de los impuestos municipales se sustenten en la ley.
Algo que además está muy cercano con la nueva Ley de Mejora Regulatoria, la que de pasar de tinta sobre papel a la práctica, transparentará y agilizará -sin aceite de por medio-, trámites como permisos de Uso de Suelo, Licencias de Construcción, Licencias Comerciales, etcétera, cuyos derechos son fijados por los Ayuntamientos no en base a un tarifario sino a “ojo de buen cubero”.
La realidad es que mientras ello ocurra, conflictos como el de las cementeras con el ayuntamiento de Atotonilco de Tula continuarán, como ocurre también en la renovación de Licencias de Funcionamiento con las cámaras de comercio, o las Licencias de Construcción y de Uso de Suelo con las cámaras de las industrias de la Construcción y la Vivienda.
Pero al parecer el conflicto entre las cementeras y la alcaldía podría resolverse aparentemente sin mayores problemas, si las autoridades se despojaran de sus colores partidistas y aplicaran la ley, aparentemente así de simple. A lo mejor en este caso la respuesta está en el adagio popular que dice que “en la forma de pedir está la de dar”.
Pero quién sabe, a lo mejor hacerlo va en contra de toda una filosofía partidista que incluye a las cementeras en una mafia del poder, y sentarse a dialogar y a establecer acuerdos, como tanto llama Andrés Manuel López Obrador a hacerlo, sea interpretado en Atotonilco de Tula como una debilidad con costo político.
Es lo malo de que en estos tiempos la política se entienda como ganar “el poder” a toda costa, y no como la tarea de negociar, establecer acuerdos y trabajar por el beneficio común.
