Por razones de veda electoral, el Gobierno del Estado licitó sus compras para los programas de Útiles Escolares y de Uniformes Escolares 2018 entre seis empresas, en lugar de buscar derramar los recursos, como hiciera el año pasado, entre un gran número de papelerías y fábricas de ropa.
Lo anterior trascendió en el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), en donde se dijo, la anterior explicación la recibieron de las propias autoridades estatales. “El año próximo no será electoral, no habrá veda, y veremos entonces cómo se manejan los recursos de estos programas”, se dijo.
Respondió así el organismo empresarial a las protestas de la Organización de Papelerías del Estado de Hidalgo, por habérseles “dejado fuera” del Programa de Útiles Escolares, que este año generará una derrama de casi 107 millones de pesos.
Encabezados por su dirigente, Ricardo García, los papeleros se reunieron para decidir las acciones a emprender para ser incluidos nuevamente en este programa, pues consideran, su desempeño el año anterior en el mismo fue de buenos resultados.
Por razones de “veda” y para no dar pie a posibles demandas por proselitismo electoral con recursos públicos, el gobierno estatal igualmente asignó el programa de Uniformes Escolares a tres grandes empresas hidalguenses, que se encargarán desde la fabricación de las telas y otros insumos hasta la elaboración de las prendas.
En el caso de los uniformes, en el 2017 el gobierno estatal entregó los insumos –telas, cierres, botones, hilos, etcétera- a un gran número de maquiladoras hidalguenses, las que se encargaron de elaborar las prendas.
Ambos programas gubernamentales generarán este año una derrama económica superior a los 181 millones de pesos, trascendió en círculos empresariales.
Los beneficios de ambos programas para solo seis empresas
Los reclamos de los papeleros fueron en el sentido de la concentración de los beneficios económicos de ambos programas en solo seis empresas, las cuales, se aceptó, son todas de origen hidalguense.
A decir de Ricardo García, la decisión gubernamental viene a afectar a un total de 268 papelerías, las que genera 510 empleos, así como a 280 proveedores de estos expendios.
