Las empresas cementeras asentadas en Atotonilco de Tula mantienen la postura de pagar de manera responsable el Impuesto Predial, pero el municipio sigue empeñado en no recibir los pagos que los empresarios han querido realizar en la Tesorería.
El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, respondió así a las acciones anunciadas por la alcaldía de Atotonilco de Tula, de clausurar empresas cementeras por no pagar el citado impuesto municipal, postura de las autoridades municipales que el empresario afirmó desconocer.
“La postura de los empresarios es pagar de manera responsable, pero con las tablas autorizadas para el cálculo del mismo así como de sus recargos”.
Lamentablemente, añadió, a la fecha el municipio sigue empeñado en espera de la resolución de los amparos interpuestos y sin aceptar los pagos que las empresas han querido realizar.
“Esperamos que el presidente –Julio César Ángeles Mendoza-, tome una mejor actitud y darle salida a un tema en que los perjudicados son la sociedad de Atotonilco de Tula”.
La postura del edil, afirmó Rivera Barquín, ha evitado que ingresen recursos a las arcas del municipio, y éstos se traduzcan en obras que beneficien a la población y generen un bien común.
Recordó finalmente el representante empresarial que se esperaba que en el mes de julio, que recién concluyó, se emitiera la resolución de los amparos interpuestos por las empresas, pero hasta este martes desconocía si dicha resolución fue emitida o no.
Pagar, sí, pero lo legal y con transparencia
El pasado mes de junio la Coparmex Hidalgo y representantes de diversas cementeras asentadas en Atotonilco de Tula ofrecieron una conferencia de prensa para informar que se había agudizado el conflicto entre las cementeras y las autoridades municipales.
Lo anterior, ante la negativa del Ayuntamiento a fundamentar el cobro del Impuesto Predial en base a las Tablas Catastrales aprobadas por el Congreso del Estado para el cálculo de dicho pago, aadeemás de pretender alzas hasta del 300% en el cobro e insistir en su amenaza de cerrar empresas.
Acompañado en esa ocasión de representantes de la Cámara Nacional Cementera, Luis Guillermo Colín; de Cementos Cruz Azul, Jorge Arteaga Godinez; de Cementos Cortaleza, Ricardo Ceballos Gamboa, y de ATCO, Alejandro Ríos Lobato, Rivera Barquín insistió en la disposición de las empresas a pagar el Impuesto Predial, pero calculado en base a la ley y de manera transparente.
Dejo en claro entonces Rivera Barquín una postura que se mantiene hasta hoy, consistente en la negativa de unas 15 empresas, cementeras y de diversos giros más afectadas por el proceder de las autoridades municipales, a negociar de “manera individual y en la oscuridad estos cobros”.
