Los plazos entre entrega y pago de las obras que establece la cervecera Modelo, de 180 días mínimo, ha sido factor para que empresas constructoras locales, que carecen de capacidad de financiamiento por tanto tiempo, no participen en la construcción de la planta en Apan.
Lo anterior, no obstante que medio centenar de empresas locales unieron esfuerzos, capitales y capacidad crediticia, para establecer un fondo de 500 millones de pesos para poder trabajar para Modelo, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Carlos Henkel Escorza.
Trabajar con las reglas que fija la cervecera representa para las empresas constructoras locales el reto enorme de comprar materiales, contratar mano de obra, disponer de equipo, entre muchos otros costos, para construir y luego facturar a la empresa, la que tendrá seis meses de plazo para pagar.
No están en condiciones las empresas locales, muy pequeñas el grueso de ellas, de aportar capital privado o contraer financiamiento bancario por tanto tiempo para cumplir con los plazos que fija Modelo, aseguró Henkel Escorza.
Trabajan, sí, pero para Explanada
Con mejores condiciones de pago trabajan constructoras hidalguenses en la Plaza Comercial Explanada, que se construye al sur de Pachuca, informó.
En esta plaza, cuya edificación avaza a pasos agigantados, empresas locales realizan trabajos muy variados, como instalación de pisos, plafones, electrificación, entre otros.
Contrario a la cervecera, la empresa que construye Explanada en Pachuca realiza pagos en plazos mucho más cortos, por lo que el financiamiento de los constructores resulta mucho menos costoso y accesible para pequeñas empresas.
Henkel Escorza recordó que los constructores han buscado en la obra privada las oportunidades de trabajo que disminuyeron sensiblemente con la reducción, en 50 por ciento, de los recursos federales presupuestados en 2018, frente a los destinados a Hidalgo en 2016, lo que redujo la obra pública.
El constructor insistió, como lo hacen las cúpulas empresariales en el país, en que se destine por lo menos el 5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional a la ejecución de la obra pública, pues este porcentaje fue reducido a solo 2.5 por ciento en los dos últimos años.
