Por: Dr. Edgar Manuel Castillo Flores
Desde 1990, en que la migración internacional entró de lleno a la agenda política del gobierno mexicano, el tema ha ido creciendo en atención y discusión. Ya lejos ha quedado la llamada “política de la no política” en la cual el gobierno prácticamente no intervino en el fenómeno migratorio, dejando que fue regulado por las condiciones mismas del mercado laboral estadounidense y que actuara como un tipo de válvula de escape a todas las presiones sociales que experimenta el población.
Desde entonces y hasta nuestros días, la migración internacional, en específico de mexicanos con rumbo a Estados Unidos, ha modificado gradualmente diversos aspectos tales como el perfil del migrante mexicano, que dejo de ser de un hombre joven de origen rural y de estancia temporal en el extranjero, para que se incorporaran al flujo hombres y mujeres de todas edades e incluso niños, mayores índices de asentamiento, se ampliaron los lugares de origen, se incorporó el tránsito en el país hasta llegar al sueño americano. Y en sí, se dio el desarrollo de una serie de prácticas transnacionales difíciles de pronosticar, dada su finalidad en el contexto social.
En este sentido, como bien se señaló, desde la Presidencia de Carlos Salinas y hasta la actual gestión que está finalizando, el gobierno mexicano ha desplegado una serie de políticas públicas nacionales y estatales, las cuales incluyen la creaciones de organismos e instituciones de atención migratoria, leyes, programas operativos especializados, mecanismos de apoyo, inclusión en los sistemas de planeación gubernamental, entre muchos más instrumentos implementados. Los objetivos han sido múltiples y muy variados, pues se ha tratado de vincularse directamente con sus comunidades migrantes, ofrecer opciones de desarrollo, atender sus necesidades en sus comunidades de origen y destino, pero en sí el principal objetivo es contener y controlar el flujo.
En diciembre del presente año, iniciara una nueva gestión del ejecutivo federal en el cual desde la elección misma hay altas expectativas en un cambio en muchos aspectos, sobre todo, en favorecer a los grupos vulnerables del país, entre los cuales destacan los migrantes. El reto en cuanto al fenómeno migratorio es complejo. Por principio de cuentas,
De momento, aunque muchos puestos y posiciones clave ya han sido anunciados. En el caso de la atención migratoria, en específico en la estructura tanto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior como el Instituto Nacional de Migración, aun no cuentan con ningún nombre. Esto no parece un problema mayor, pues se cuenta con muchos especialistas interesados. Pero la complicación real es que ambas dependencias siguen actuando de forma dispar y quizá una primera propuesta es que trabajaran de forma conjunta.
Sin embargo, lo que sí ha formulado el próximo gobierno, es el plan «La última frontera», el cual buscará atender de manera integral las causas que originan el fenómeno migratorio en nuestro país. Entre otros objetivos, el plan busca crear una zona libre en los más de 3,185 kilómetros del límite con Estados Unidos, en una franja de 30 kilómetros de ancho. Es decir, desde Matamoros, Tamaulipas hasta Tijuana, Baja California, se bajará el IVA al 8%, el ISR al 20%, se homologarán los precios de la gasolina, el diesel, el gas y la luz a lo que cuestan al otro lado de la frontera.
Con esto, se trata de crear una última barrera de desarrollo económico, el cual sea la última posibilidad para que la gente se quede y tenga donde trabajar en su propio país. Del mismo modo, también en el sureste se sembrarán en un millón de hectáreas cultivos como frutales, y se pueden generar más de 400,000 empleos, con lo cual, se busca retener a esas personas en sus lugares de origen.
Más allá de la buena voluntad por mejorar las cosas, que la hay. Sobresalen y son muy pertinentes las medidas referentes al orden fiscal en la frontera, lo cual mejorará las condiciones económicas en esa parte del territorio nacional. Sin embargo, en cuanto a que las empresas mejoren su poción en la frontera norte y exista mayor empleo, esto es poco probable. Mismo caso de los árboles frutales en donde se carece de un estudio de impacto ambiental serio. Basta recordar que, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se estableció una colonia agrícola al norte del país, en el estado de Tamaulipas, con el fin de reducir el impacto de las deportaciones y buscar el regreso voluntario de los migrantes. El resultado fue que no disminuyó la migración, al contrario aumento. Y también, que tanto el norte del país como en el sur, no están los principales estados que presentan un índice de intensidad migratoria alta, sino que estos se sitúan en el bajío y zona centro de México. Por lo que, será complejo que el plan propuesto para el próximo sexenio termine por frenar la migración y sus causas. El desconocimiento del contexto nos hace tomar malas decisiones, esperemos aquí no sea el caso.
