Retrasar la jubilación por vejez a los 68 años de edad –tres años más de los 65 años actualmente establecidos para tal-, como pretende el gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador, dará un respiro financiero al IMSS y al gobierno federal, pero habrá que considerar en esta decisión al sector empresarial y a los propios trabajadores, y a las repercusiones en ambos sectores.
Para el especialista fiscal Alfredo Cabrera Román, presidente de Transparencia Hidalguense, la medida tiene como objetivo, primordialmente, atender la crisis financiera del Seguro Social.
“Este respiro se dará dos vías principalmente: recibirá tres años más de aportaciones al IMSS, a su seguro de retiro, que sirve para financiar las futuras pensiones, y permitirá diferir tres años más los desembolsos que debe transferir el IMSS para completar los fondos destinados al pago de pensiones”, afirmó.
Esta medida ha sido propuesta para comenzar a ser aplicada en el segundo trienio de la administración de López Obrador, de acuerdo a lo difundido dentro del equipo de transición del presidente electo, recordó el especialista.
Se trata de una medida que busca aligerar la carga financiera que resienten no sólo el IMSS, sino también el ISSSTE, “en donde tendrán que tomarse medidas similares”.
Cabrera Román aceptó que sin embargo la medida afectará al trabajador, sobre todo al derechohabiente que ya está cerca de la edad para jubilarse.
“En estos casos el trabajador se verá perjudicado pues seguirá desembolsado para su Ahorro para el Retiro por tres años más, y verá pospuesta su expectativa de que ya pronto comenzaría a gozar de su pensión mensual”, dijo.
Con esta medida no habrá un ganar/ganar, pues “con ella unos ganan, el gobierno, y otros pierden, los trabajadores.”
La medida pretende implementarse hasta iniciar el año 2022, según la información difundida hasta ahora.
En tanto, editorialistas de medios de información en la ciudad de México hacen notar que, pese a lo dolorosa que podría resultar, la medida resultaría solo un paliativo y no una solución definitiva, por lo que el Sistema Nacional de Pensiones debe ser reestructurado en su totalidad.
