El desprestigio en el que han caído en los últimos años 50 años los gobiernos federal, estatales y municipales, las cámaras legislativas y en especial, diputados y senadores; los congresos locales, los partidos políticos, las instituciones encargadas de impartir justicia y hasta las corporaciones policiacas, han agudizado el juego del gato y el ratón en materia fiscal.
Desde hace unos 25 años, la Secretaría de Hacienda, a través de su brazo derecho, el Servicio de Administración Tributaria –hasta en Hacienda hay quien haga el trabajo sucio-, ha venido cerrando la tenaza contra la evasión fiscal, al tiempo que se difunden los robos, fraudes, cohechos, uso de información privilegiada, abusos del poder y privilegios de que gozan los que pertenecen a la casta “en el poder”.
Un juego del “vivo contra el más vivo” que ha llevado al SAT a emprender todo tipo de medidas antievasoras de impuestos, algunas tan duras como penar con cárcel la evasión o inmovilizar cuentas bancarias de las empresas, o revestidas con guante de seda como el Régimen de Incorporación Fiscal o la entrega, a precio de regalo, de tabletas a pequeños comerciantes.
La respuesta de los contribuyentes no se ha hecho esperar, y se ha disparado el universo de empresas de todo tipo y tamaño que se manejan en la informalidad –en algunos estados la informalidad representa ya el 70% de la economía total-, o que, obligadas a formalizarse, echan mano de recursos como el uso de facturas apócrifas.
El uso de facturas apócrifas, la creación de empresas “fantasma”, es una disciplina de la que exgobernadores como Javier Duarte o su tocayo de apellido, César Duarte, además de personajes como Rosario Robles, el Napito, René Bejarano o Elba Esther Gordillo, solo por citar algunos, han dado cátedra a los mexicanos.
Para el SAT usar estas facturas de empresas inexistentes para deducir impuestos constituye un auténtico martirio, pues entre que detecta que se trata de una empresa fantasma, que la investiga y desenmascara, que lleva el caso a los tribunales, éstos emiten sentencia y dan orden de ejecución a las autoridades judiciales y estas llegan al domicilio, inexistente, los culpables ya se fugaron, ya están creando otras empresas fantasma y hasta el delito prescribió.
Y es que la impunidad, del 92% en México, se extiende a lo fiscal.
La realidad es que México actual ya no es el de nuestros abuelos, aquellos que hacían largas filas el 2 de enero para pagar su predial y de jactaban de ser los primeros en lucir las nuevas placas, entre los que era una vergüenza que, como empresario, te cayera una auditoria; no después de que las auditorías se practicaran a diestra y siniestra contra empresarios “bocones”.
Ahora lo fiscal se ha convertido en un juego del gato y el ratón, en el que el ratón cuenta con conocimientos y equipo computarizado para responder a las artimañas del gato.
Y no es con penas como la aplicada a Javier Duarte, de nueve años de cárcel y multa de 50 mil pesos, como el SAT conseguirá impulsar una cultura de pago de impuestos y respetos a la normatividad fiscal.
Tan simple: gobiernos honestos, contribuyentes honestos. De ese tamaño es el reto.
