Diputados de los tres principales grupos legislativos den el Congreso de del Estado, que son Morena, PRI y PAN, presentaron posturas respecto a la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar un amparo a la máxima casa de estudios del estado para no contar con un órgano interno de control.

Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Raúl Baptista González, afirmó que su bancada descalifica y rechaza en primer lugar el comunicado emitido por el área de comunicación social la noche del miércoles, al asegurar que hasta el momento quien se ostenta como titular de la misma no representa a al Congreso del Estado sino solamente al grupo legislativo del tricolor.

Bajo ninguna circunstancia aprobamos ese comunicado que salió del congreso al respecto, porque quien lo haya escrito no está autorizado porque no representa a los legisladores de morena y mucho menos a los 30 diputados, y no lo compartimos porque cualquier política en materia de comunicación tiene que darse por consenso”.

Por su parte, la legisladora plurinominal del PRI y líder de la bancada de ese partido, María Luisa Pérez Perusquia, afirmó que se acatará la resolución de la  segunda sala de la SCJN que fue contraria a lo que se pretendía,  y deberán de buscarse los mecanismos para la convivencia de las normas de autonomía y del sistema anticorrupción.

Corresponderá a la actual legislatura buscar los mecanismos para que puedan armonizarse estos dos ordenamientos, ya que la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia manifiesta que la Universidad del Estado, deberá formar parte del sistema anticorrupción”.

A su vez, el coordinador del grupo legislativo de Acción Nacional, Asael Hernández Cerón, manifestó que a pesar de la resolución que favorece a la UAEH, la Suprema Corte, también deja abierta la posibilidad de que al manejarse recursos públicos la universidad estatal no puede quedar exenta de ser vigilada del manejo de los mismos.

En su resolución la Corte, nos da al Congreso la facultad de establecer un método o una regla de cómo vamos vigilar y hacer que se transparenten los recursos, además de que establece que los funcionarios de la Universidad que manejan los recursos públicos, están obligados en transparentar  el manejo de los mismos”.