La implementación de los parquímetros en la ciudad de Pachuca dejó un amargo sabor de boca en amplios sectores de la población. La molestia tuvo una motivación muy sencilla: resultaba difícil de creer que el espacio público (las calles) pasó de un plumazo a ser espacio privado por el que se tiene que pagar.

Además, las condiciones del contrato que hicieron posible que una empresa privada retuviera la gran mayoría de los ingresos que se recaudaban para este fin; fue otro ingrediente para que los capitalinos rechazaran este mañoso negocio.

Pero hay más, según algunas fuentes ese negocio registró, de diciembre de 2015 a septiembre de este año una recaudación para el ayuntamiento de Pachuca equivalente a 11 millones 715 mil 882 pesos mientras MoviParq ha obtenido un total de 23 millones 548 mil 250 pesos. Es decir, bajo las condiciones de ese contrato que hizo posible los parquímetros, el ayuntamiento de Pachuca la mitad de las jugosas ganancias que se adjudicaba la empresa particular. Todo lo anterior, usufructuando las calles de la capital del estado.

Ese contrato que se realizó en la administración municipal pasada, encabezada por Eleazar García Sánchez, entre la empresa concesionaria Comuni Park SA de CV y el ayuntamiento capitalino, contempló que lo recaudado por el municipio sería utilizado en “obras y acciones para el mejoramiento urbano propuestas por el Comité Ciudadano de Movilidad y Mejoramiento Urbano”. Es decir, y utilizando una operación aritmética básica; el municipio, recaudó en los 35 meses que tuvieron vigor los parquímetros un equivalente a 335 mil pesos por mes. Y con ello, esperaba realizar “obras y acciones de mejoramiento urbano”.

A ojos de los capitalinos, ese dinero no se vio reflejado en aquellas dichosas obras. Por el contrario, el deterioro de las calles de la capital es francamente lamentable.

Ahora bien, ¿quién aprobó estas condiciones? ¿Quiénes fueron los favorecidos con ese contrato? ¿Por qué lo aprobó el cabildo? ¿Por qué se acordó una multa millonaria si alguien rescindía el contrato?

Esas preguntas siguen teniendo vigencia. Aunque por fortuna se anunció el día de ayer la anulación de dicho negocio que deja sin sustento jurídico ese contrato leonino.

Gracias a los buenos oficios del regidor Navor Rojas Mancera y a un equipo de abogados entre los que destaca el Senador Julio Menchaca Salazar, ese mal negocio que se fraguó en la administración de Eleazar García ya no podrá seguir operando.

Lo mejor de todo es que la anulación del contrato referido deja sin aplicación la denominada rescisión de contrato que tenía una penalización de 197 millones de pesos. Por lo que ahora, no hay que pagar nada a esa empresa privada que se benefició casi cuatro años con ese negocio.

Buena noticia para los pachuqueños y mala noticia para todos aquellos que buscan hacer negocios al amparo de los intereses generales.

 

 

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