Diferentes organizaciones civiles del estado de Hidalgo se sumaron al llamado para pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y respetar los derechos de los migrantes hondureños que atraviesan por territorio mexicano ante un bloqueo por parte de policía federal.
Luego de que el 27 de octubre se implementara un operativo con por lo menos 200 efectivos antimotines por parte de la Policía Federal en el tramo Arriaga-Juchitán de Zaragoza, bloqueando el paso de la Caravana-Éxodo Migrante, realizaron un llamado urgente a la cooperación y solidaridad internacional, para la vigilancia y monitoreo permanente de cualquier situación de riesgo y violencia.
Las organizaciones civiles comunicaron que ante este bloqueo por parte de la gendarmería y policía federal, responsabilizan a la Secretaria de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Comisión Nacional de Derechos humanos, Gobierno del Estado de Chiapas y Gobierno del Estado de Oaxaca de cualquier acción o agresión que pueda suscitarse hacia las personas migrantes y equipos de acompañamiento a la Caravana-Éxodo Migrante.
«Realizamos un llamado urgente, a la cooperación y solidaridad internacional, para la vigilancia y monitoreo permanente de cualquier situación de riesgo y violencia de la que puedan ser víctimas las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que componen esta caravana así como a las organizaciones acompañantes«.
Exigieron apego irrestricto al ejercicio y garantía de los derechos humanos de las personas por parte de los funcionarios públicos, el cese al hostigamiento y confrontación por parte de la Policía Federal-Gendarmería Nacional y cualquier otra institución de seguridad y/u orden social en México que atente contra el tránsito y garantía de derechos de las personas migrantes.
De igual manera, pidieron que se activen mecanismos que garanticen el ejercicio de derechos y responsabilidad de protección por parte del Estado Mexicano hacia las miles de personas en tránsito de esta caravana, reconocimiento, protección y activación de protocolos y mecanismos que salvaguarden los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.
