Al asegurar que la participación ciudadana debe ser la piedra angular para el combate a la corrupción, para vigilar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos en los programas sociales, el diputado local del PT, Miguel Ángel Peña Flores, presentó ante el pleno del Congreso local una iniciativa para realizar cambios a la Ley de Desarrollo Social de la entidad.
De su propuesta, el legislador local destacó que con esta reforma se establece que la contraloría social, además de supervisar y vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a cada programa, se les encomienda la verificación del cumplimiento de las metas, además de que tanto el Gobierno Estatal como los gobiernos municipales deberán otorgar la capacitación necesaria para que los comités de contraloría social desarrollen adecuadamente sus funciones.
“En la representación partidista del PT no estamos de acuerdo con que se entreguen obras de mala calidad, que no se cumplan los objetivos, metas y proyectos programados, que haya elefantes blancos o recursos ociosos; por tal motivo presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de Desarrollo Social del Estado, en materia de Contraloría Social”.
Peña Flores añadió que la reforma especifica también que los comités deberán estar integrados por los beneficiarios de las obras, acciones y programas sociales, ya que con ello se evita que la información de los programas se quede en ciertos líderes locales y que sea manipulada en detrimento de la población.
“Estamos convencidos que todo recurso debe ser bien aplicado, pero más el dinero que se destina para las obras, acciones y proyectos para la gente más vulnerable, suman miles las obras, acciones y proyectos que se realizan al año en Hidalgo y la capacidad de cobertura que tiene la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría Estatal y las municipales, son limitadas”.
Por último, aseguró que en esta que es la cuarta iniciativa de la representación partidista del Partido del Trabajo en la cámara de diputados en le estado, establece que las actividades de la contraloría social deben ser realizadas por los propios beneficiarios y se detallan sus funciones.
