El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo estableció los lineamientos que deberán seguir los juzgadores penales de primera instancia, relacionados a los lugares de internamiento tras la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos el pasado 30 de octubre sobre la reclusión irregular en las cárceles distritales de Atotonilco, de Tizayuca y de Zacualtipán.
Mediante acuerdo general 64/2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se establece que los juzgadores penales deberán disponer a una persona privada de la libertad en una cárcel municipal o distrital para que sea trasladada inmediatamente en el Centro de Reinserción Social más cercano.
Asimismo, toda resolución que imponga como medida cautelar la prisión preventiva, deberá cumplirse en el Centro Penitenciario que resulte pertinente; de igual manera, en sentencias o resoluciones que impongan como pena la prisión, deberán pagarse en Centro Reinserción a cargo del Poder Ejecutivo del Estado.
El acuerdo establece de igual manera que en caso de que una persona privada de la libertad puesta a disposición de la autoridad judicial tenga en curso una audiencia jurisdiccional, podrá permanecer en una cárcel municipal o distrital durante el tiempo necesario siempre que no implique un plazo mayor de treinta y seis horas.
La Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado deberá verificar constantemente el cumplimiento de lo establecido a partir de la visita ordinaria de inspección que se haga a cada uno de los juzgados que conozcan de la materia penal, además deberá incluir en un informe el resultado de dicha verificación
El visitador judicial tendrá un plazo de seis meses para formular y presentar al Pleno del Consejo un informe especial relativo al cumplimiento, para lo cual deberá practicar las visitas de inspección extraordinarias a los juzgados penales que haya lugar.
Estas medidas forman parte de la recomendación de la CNDH para que no se repita la utilización de cárceles municipales para albergar a personas procesadas y sentenciadas penalmente, misma que ha sido aceptada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo el pasado veinte de noviembre.
