Además de los daños que los grupos criminales que extraen combustible causan a las instalaciones subterráneas por donde cruzan miles y miles de litros del carburante, no se pueden soslayar los posibles alcances de la actitud defensiva que lleguen a asumir estas bandas delincuenciales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la semana pasada que a un mes de la que se echara a andar la estrategia de cierre de ductos para aminar su ordeña, el volumen de gasolina obtenida de manera ilícita disminuyó el equivalente a mil 200 pipas diarias a sólo 20, lo que en términos económicos se traduce en cuatro mil millones de pesos.
Esto quiere decir que antes de la puesta en práctica del plan anti huachicolero dichos delincuentes extraían diariamente mil 200 pipas, de las cuales el año pasado contabilizaron en pesos 65 mil millones.
Como cualquier grupo comercial o empresarial que ve disminuir sus ganancias, los huachicoleros afectados están tomando acciones como el sabotaje de ductos por medio de la apertura de tomas clandestinas o la perforación de los ductos. Por ello ante el anuncio presidencial e que este programa continuará, no se descartan acciones de mayor envergadura contra Pemex.
Tras los hechos ocurridos en Tlahuelilpan hace dos semanas, de inmediato el gobierno federal instituyó una campaña de difusión en la que advierte que el robo de combustible es un delito y que corre riesgo la vida de quienes lo realizan, lo que hace pensar que antes del acontecimiento no se tenía previsto hacer una campaña preventiva más allá de las declaraciones del mandatario federal.
Lo que ahora se espera es que la estrategia dimensiones la capacidad criminal de los huachicoleros y actúe anticipadamente para desarticular previamente la actitud ofensiva de dichos delincuentes y que sus pretensiones se queden en proyectos fallidos.
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