Las quejas en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la tardanza en la devolución de impuestos son la causa principal de las quejas que recibe la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Recibir estas devoluciones constituye un auténtico viacrucis para los contribuyentes, hizo notar el organismo creado para orientar y defender los intereses de los pagadores de impuestos.
En un comunicado oficial, la Prodecon informó que el grueso de las quejas de esta índole obedecen a que la devolución ya ha sido autorizada por el propio SAT, pero el contribuyente no la ha recibe.
Aunado a lo anterior, se dijo, el contribuyente en espera de la devolución de impuestos desconoce en qué etapa se encuentra el trámite, si éste se trabó o finalmente se le ha negado la devolución.
La subprocuraduría de la Defensa del Contribiuyente indicó que de las 39 mil 820 quejas que se recibieron a lo largo del 2018, el 63.31 por ciento correspondieron a temas relacionados con el SAT.
El SAT, se abundó, recibió 25 mil 212 quejas del total recibido –la Prodecon recibe también quejas contra el IMSS e Infonavit-, y el tema más recurrente de las mismas tiene que ver con la devolución de impuestos, ya sea de Impuesto Sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros gravámenes.
Refiere la Prodecon que el trámite de queja ayuda al contribuyente a acelerar o destrabar la devolución; en el caso del ISR las quejas se resuelven entre 80 y 90 por ciento de los casos en un mes o menos, pero las correspondientes a IVA suelen ir más lentas.
Existen casos, aceptó la Prodecon, en que el contribuyente llega a esperar medio año o más sin tener la certeza, además, de que le fue aprobada la devolución.
Después de las devoluciones el tema más recurrente en las quejas corresponden alde comprobantes fiscales, en los que pueden presentarse casos en los que el proveedor no expidió al contribuyente su comprobante fiscal, o bien, al contribuyente le son atribuidas más facturas de las que realmente expidió.
Se quejan también los contribuyentes por la cancelación del certificado del sello digital y por créditos fiscales aplicados.
