Con información oficial imprecisa, contradictoria, sobre el destino que tendrán finalmente los subsidios oficiales a la vivienda de interés social, los desarrolladores de la misma se encuentran frenados, expectantes, en una inactividad que en su sector resulta altamente costosa.
“No sabemos qué va a pasar, así de simple”, se comenta entre constructores de vivienda que hacen notar que de eliminarse definitivamente los subsidios a la vivienda, los trabajadores que perciben hasta 2.6 veces el salario mínimo quedarán sin acceso a la misma.
Y en tales condiciones se encuentra por lo menos el 80 por ciento de los trabajadores hidalguenses.
Charlar con un grupo de desarrolladores permite conocer, aunque de manera extraoficial, que esta industria considera estar en stand by, “en espera, sin saber para cuándo”; pero no es que solo que se tenga la mercancía frenada, “asoleándose”, sino que se tienen créditos bancarios millonarios que generan intereses y con plazos para pagar.
Y es que el proceso de la vivienda toma unos tres años, en promedio., “desde que ubicamos la tierra, la compramos, conseguimos los permisos, construimos y vendemos”.
Los que construyen con recursos propios, que son los menos, son afortunados; la mayoría de ellos recurre a la banca comercial, a los créditos, para trabajar.
“Que les den el dinero a ellos, pero que haya subsidios”
Urge a los desarrolladores de vivienda conocer las “nuevas reglas del juego”, la política que en materia de vivienda popular emprenderá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Si piensa que en nuestro sector hay corruptelas que quiere acabar, como en el caso de las guarderías o de programas sociales, pues entonces que les entregue directamente a los trabajadores el subsidio –de hasta 70 mil pesos en 2018-, que el trabajador lo pague a la empresa desarrolladora, pero que haya subsidios”, se comenta entre los empresarios.
Subsidio que permite a los trabajadores de menores ingresos cubrir la diferencia entre el monto de crédito que recibe de Infonavit, de unos 230 mil pesos, y el precio de una vivienda de interés social, regulado, de entre 300 y 320 mil pesos.
Se acepta como natural que “gobernante que llega” quiere imponer sus ideas, su manera de trabajar, “pero que esté consciente de que existimos sectores a los que la inmovilidad nos acaba.”
Los empresarios están dispuestos a trabajar con nuevas reglas, con mecanismos diferentes, pero siempre habrá que tomar en cuenta que poseer una vivienda, un patrimonio familiar, económicamente no es simple; que contar con una vivienda es un derecho humano, y que se requiere de la suma de voluntades para hacerlo posible.
“Y en esta suma de voluntades, la de los gobernantes es prioritaria.”
El año anterior ocurrió, por vez primera en la historia del Infonavit, que el instituto no alcanzó sus metas en cuanto a créditos se refiere. “Ojalá y este año no ocurra lo mismo”, es la opinión generalizada en este sector, altamente generador de empleos.
