Con el consenso de todos los partidos políticos representados en el Senado de la República, los legisladores aprobaron por unanimidad el dictamen modificado que da paso a la creación de la Guardia Nacional, organismo que tendrá a su cargo las tareas de seguridad pública para prevenir y atacar el delito en el territorio nacional.
Entre otros aspectos, la negociación que sostuvieron durante varias jornadas de trabajo los diferentes grupos parlamentarios permitió que se lograra que el mando del nuevo organismo sea civil y no militar como se pretendía originalmente; además que la actuación de las Fuerzas Armadas tenga una temporalidad de cinco años y pasados estos que regresen a sus cuarteles los equipos de Sedena y Marina.
La estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.
El Ejecutivo Federal designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de Seguridad, Defensa Nacional y de Marina.
Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El dictamen también establece que el Congreso de la Unión deberá realizar reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y expedir la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Tendrá 60 días naturales, después de la entrada en vigor del decreto, para expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes. Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor.
En caso de que alguno de los elementos de la Guardia Nacional cometa algún delito, será presentado a la autoridad civil correspondiente. El Senado de la República revisará un informe anual que el Presidente de la República le presente sobre actividades de la Guardia Nacional.
Se tratará de una institución policial, lo que implica que realizará tareas de prevención e investigación de los delitos, siempre bajo el mando del Ministerio Público. Además, tendrá un enfoque de proximidad con la ciudadanía y comunicación con la sociedad.
Se acordó que la Guardia Nacional actuará con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y los municipios. No sustituye a las policías estatales o municipales Sólo actuará de manera subsidiaria y en apoyo de éstas, en la medida de sus necesidades.
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