Después de tres años de presupuestos federales a la baja y recortes frecuentes, la industria de la construcción en Hidalgo, como en el grueso del país, enfrenta condiciones de subsistencia. Son empresas que ha logrado sobrevivir con la venta de sus activos, desde terrenos hasta maquinaria, pues para ellas la obra pública representaba el 90 por ciento de sus ingresos y esta se desplomó.
Se trata de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), en el 90 por ciento de los casos, que manejaban hasta hace unos años unos 15 millones de pesos anuales en obra pública en promedio, y que en los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto sólo consiguieron alguna obra ocasional.
A dos días de concluir su gestión al frente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Hidalgo, Carlos Henkel Escorza acepta que su trienio como presidente del organismo empresarial no fueron años de bonanza para esta industria sino, por el contrario, de grandes retos.
Ya no le tocaron a Henkel Escorza aquellos años en los que se invertía en carreteras, en obras hidráulicas de gran envergadura, en universidades y escuelas, en caminos y electrificaciones, cuando las inversiones sumaban cientos y hasta miles de millones de pesos, las que cedieron el paso a pequeñas obras ocasionales de decenas de millones o algunos cientos de miles.
Fueron los últimos tres años de la pasada administración federal cuando la obra pública se restringió al máximo, comenzándose a promover la idea de que la industria de la construcción no debía depender de la obra pública.
“Se frenó la obra pública y vino la desaceleración económica”, señala el constructor, para subrayar que “la obra pública es el gran motor de la economía en el país”, pues es altamente generadora de empleos y de ella dependen 40 ramas de la economía, como son el cemento, el acero, materiales eléctricos, entre muchos insumos más.
Ante esta situación la industria volteó la mirada a la obra privada, mucho menor a la obra pública, aunque con ventajas como pago programado y seguro.
En el caso de Hidalgo, la llegada de 46 mil millones de pesos en inversiones no significó trabajo para los constructores locales; la cervecera Modelo, por ejemplo, no realizó ningún contrato con empresas locales, aunque el gobierno estatal sí empleo a locales para tareas como la limpieza de los terrenos.
Mejor se beneficiaron empresas hidalguenses con el proyecto aeroportuario en Texcoco, donde una empresa hidalguense obtuvo una obra de 500 millones de pesos y varias más trabajaron en la preparación de los terrenos y transporte de materiales. La suspensión del proyecto dejó a todas ellas sin trabajo.
“Hoy en día, con las dependencias federales acéfalas, sin conocer aún los programas de obra de la Conagua, el Inhife o la CDI; con el proyecto de Santa Lucía envuelto en misterio, y dada la dependencia de los gobiernos estatales y municipales de recursos de la Federación, frenados, “debemos cambiarnos el chip y dirigir la mirada a la obra privada”.
En este panorama resulta alentador, sin embargo, la excelente relación entre el gobierno de Hidalgo y la presidencia de la república, lo que lleva a esta industria a tener esperanzas en un futuro más prometedor.
