En la tercera entrega al Congreso del Estado, de los resultados de la Auditoria Superior del Estado (ASEH) a los entes oficiales, se notificó a la contraloría estatal respecto a la detección de ocho empresas que cobraron obras y servicios y no las ejecutaron, afirmó el titular de la ASEH, Armando Roldán Pimentel.
De acuerdo con el funcionario estatal, durante las labores de revisión de cuentas a de 17 entidades estatales del poder Ejecutivo; 27 entidades paraestatales y organismos autónomos; 44 municipios, y once organismos descentralizados municipales, de la cuenta pública del 2017, se detectó la actividad de al menos ocho empresas que facturaron y cobraron, pero no ejecutaron las obras programadas por varios millones de pesos.
“No nos corresponde a nosotros investigar si son empresas fantasmas o no ya que eso le toca a otras instancias investigarlo, pero en todos estos casos el concepto fue por obras facturadas, pagadas y no ejecutadas, todo por un monto de ocho millones 155mil 688 pesos con 64 centavos que tendrán que ser justificados”.
Roldán Pimentel añadió que ante el proceso de investigación en que ese encuentra este caso por parte de la secretaria de la Contraloría, se debe tener un poco se sigilo, por lo que en estos momentos solamente podía comentar que este tipo de irregularidades se encontraron en diversos municipios del estado sin que sea privativos de una sola filiación partidista sino se casi todas.
“En lo que a la ASEH respecta, les pido un poco un poco de paciencia porque en estos momentos todo se encuentra en proceso de investigación y en su momento se tendrá que hacer del conocimiento público respecto a estas empresas y la situación legal en que quedarán, ya que primero se tendrá que comprobar su existencia y en su caso hacer que cumplan con la obra o bien que regresen los recursos públicos”.
Por último, al asegurar que estas irregularidades tendrán que ser investigadas, subsanadas o sancionadas, el auditor, refirió que entren dentro de los mismos plazos que tienen todo los entes de que después de la notificación en diez días hábiles a partir de la entrega al Congreso local, de un plazo de 20 días hábiles para solventar y la ASEH a su cargo 60 días para pronunciarse respecto a las solventaciones o denunciar ante las instancias que corresponda.
