Para que “consultas populares” como la que echó abajo el proyecto aeroportuario no se repitan, la Coparmex Hidalgo solicitará al Senado de la República que se reforme la legislación que regula las mismas, y evitar así, en el futuro, que temas económicos o fiscales se sometan a consultas a especialistas en la materia, y no a población abierta.
La reforma en materia de consulta popular aprobada por la Cámara de Diputados la semana anterior, alertó, podría terminar creando mecanismos de participación que convengan a quienes actualmente detentan el poder, especialmente a la hora de decidir sobre los temas trascendentales de nuestro país.
El presidente del organismo, Ricardo Rivera Barquín, recordó que la semana pasada fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que modifica los artículos 35, 36, 73, 81, 83, 99, 115 y 122 constitucionales en materia de Consulta Popular.
Sin embargo la atención mediática se concentró en el tema de la revocación de mandato, ante el temor de que ésta pudiera abrir la puerta para una eventual reelección del Ejecutivo, “pero la iniciativa de consulta popular es mucho más amplia y profunda”.
La iniciativa de consulta popular, tal como está planteada, supone abrir la puerta para que decisiones de carácter técnico y de gran responsabilidad estratégica para México, puedan ser decididos por la población en general.
“La reforma constitucional en materia de consultas populares propone que éstas tengan carácter vinculatorio, es decir, que el resultado de la elección sea implementado con carácter obligatorio cuando participe más de 25% de la lista nominal de electores, es decir 21.7 millones de mexicanos”.
Ello supondría, dijo, que “una consulta podría ser vinculante con tan sólo el voto de tres entidades federativas como Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, o con el voto de las personas de 20 a 29 años. Con este pequeño porcentaje las consultas podrían poner en riesgo asuntos altamente críticos para la estabilidad de la nación como es la materia fiscal”.
Ante empresarios afiliados a la Coparmex, Rivera Barquín subrayó que “el uso de estrategias político-electorales para tomar decisiones inherentemente técnicas supone un retroceso para el país; nada en materia fiscal o financiera debe ser objeto de consulta dado el alto nivel profesional y de información que se requiere para tener una opinión válida en este tema”.
Recordó Rivera que “una de las decisiones más costosas en términos económicos para este gobierno, fue la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fue precisamente derivada de una consulta popular”, y que “utilizar la consulta para materia fiscal supone que las decisiones puedan ser tomadas sin un análisis técnico riguroso. Las decisiones de ingresos no deben de ser tomadas con base en qué tan populares puedan llegar a ser, sin considerar las severas consecuencias para la sustentabilidad de las finanzas públicas y la inversión pública”.
Exhortó entonces al Senado a “generar un debate mucho más amplio, en el que se den los espacios con todos los sectores y se puedan conocer las ventajas y desventajas que tienen las modificaciones constitucionales de este calado”.
El empresario destacó finalmente la iniciativa presentada por los senadores del PRD, Morena y PAN, que proponen que “Compensación Universal se permita para los contribuyentes que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, ya que con la restricción impuesta para el presente ejercicio fiscal, se afecta a todos los contribuyentes sin distinción alguna y si lo que motivó dicha restricción es el combate a la evasión fiscal porque se detectó que las llamadas empresas fantasma se beneficiaban con la citada Compensación, no es válido que se afecte a los contribuyentes cumplidos”.
Se espera que con estas Iniciativas se presente un parlamento abierto que contribuya a mejorar el sistema tributario mexicano, sin perjudicar a miles de empresas que se han visto afectadas en su flujo económico con la medida que se busca revertir.
