Con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los diferentes sectores de la población, desde el trabajo legislativo, diputadas locales del PRD y Acción Nacional, presentaron por separado diferentes propuestas para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores y al Código Penal para evitar falsificaciones.
De su iniciativa, la legisladora del PRD, Areli Rubí Miranda Ayala, informó que se pretende reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del estado, para establecer que cualquier persona que tenga conocimiento de maltrato o violencia contra las personas adultas mayores deberá denunciarlo ante las autoridades competentes, señalándose requisitos mínimos para tal efecto. La iniciativa se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
“Es necesario actualizar la ley actual a efecto de que en el estado se cuente con un ordenamiento jurídico de vanguardia, eficaz, ágil para poder garantizar verdaderamente los derechos de las personas adultas mayores. Derechos que desde en el PRD han sido plasmados en sus estatutos como aspectos prioritarios en las agendas política y la legislativa”.
Miranda Ayala aseguró que el envejecimiento de la población no es privativo ni de México o Hidalgo ya que de acuerdo con estadísticas a nivel mundial, la mayoría del países del planeta experimentan el aumento de proporción de personas mayores de 60 años, por lo que para el 2050 se espera que este sector de a población se triplique en todo el orbe y por ende en el país y la entidad.
De su iniciativa con proyecto de decreto presentada ante el pleno del Congreso del Estado, la diputada del grupo legislativo del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, propuso ante el Pleno adicionar el artículo 264 BIS del Código Penal del Estado de Hidalgo, a fin de ampliar las sanciones al catálogo del delito de falsificación para que aquella persona que haga una firma falsa o altere una verdadera pueda ser sancionada por el hecho ilícito cometido.
“Se plantean como sanciones que se plantea que impondrá de uno a seis años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al que, en un documento público o privado, ponga una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o altere una verdadera”.
