Sin distinción de género, religión, lengua, estado civil, preferencia sexual, afiliación política, origen étnico o nacional, deben ser respetados los derechos humanos de todo migrante, aseguró el diputado local del grupo legislativo del PRI Julio Manuel Valera Piedras, al presentar ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la ley en la materia del estado.
En su exposición de motivos en tribuna, el legislador local, señaló que el propósito de su propuesta es garantizar la protección de los derechos de los migrantes en el marco jurídico del estado, estableciendo de manera explícita dentro de la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Hidalgo, sus derechos y obligaciones.
“Se propone promover mecanismos en beneficio de las personas físicas y morales que presten servicios asistenciales para los migrantes en el territorio hidalguense, porque el tema de la migración tiene relevancia a nivel internacional y el establecimiento de políticas migratorias efectivas debe ser uno de los principales objetivos de desarrollo de todos los países a nivel mundial”.
Valera Piedras afirmó que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Portal Global de Datos Migratorios, en 2017 el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, cifra que contrasta con los 173 millones de migrantes que se registraron en el año 2000, además de que las mujeres migrantes constituyeron un 48 por ciento, y se estima que existen 36.1 millones de niños migrantes, 4.4 millones de estudiantes internacionales y 150.3 millones de trabajadores migrantes.
“En el estado de Hidalgo, según el Anuario de migración y remesas México 2017, de los 2 millones 858 mil hidalguenses que había en 2015, casi medio millón, que representa el 16 por ciento nacieron en otra entidad, adicionalmente, el 0.5 por ciento de la población, que equivale a 15 mil habitantes, nacieron en los Estados Unidos y un 0.1 por ciento nacieron en otros países”.
Por último, aseguró que el fenómeno migratorio en el Estado es relevante, por tanto, resulta evidente la necesidad de proteger a este sector de la población que, en muchas ocasiones enfrenta problemas económicos y sociales por la falta de oportunidades de desarrollo y del reconocimiento de sus derechos como ciudadanos.
