Desde hace varias décadas organismos internacionales dedicados a la atención de los derechos humanos a nivel mundial han alertado sobre el incremento de desplazamientos de personas de sus lugares de origen, lo que representanta uno de los grandes problemas que enfrente la humanidad en el mundo actual.
En el caso de México la violencia desatada por los grupos criminales, en complicidad con cuerpos de seguridad y autoridades, representa una de las causas que dispara la migración de familias enteras que se ven en la necesidad de abandonar sus lugares de origen para poner a salvo su vida, abandonando sus costumbres, pertenencias y nexos con su comunidad.
En su más reciente reporte, dado a conocer el 10 de mayo, el Consejo Noruego para Refugiados revela que en estos momentos existen varias situaciones de desplazamiento interno en México.
Posiblemente el mayor ha sido causado desde 2007 por la violencia de los cárteles de la droga y la respuesta militar del gobierno. Esto ha provocado desplazamientos en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Guerrero, Sinaloa y Michoacán. Dicho desplazamiento, indica el informe, ha sido poco documentado, y se necesitan estudios más completos de su escala e impacto. Tres casos de desplazamiento masivo supuestamente causaron el desplazamiento de unas 3 mil personas; de lo contrario, la violencia ha provocado un desplazamiento gradual que se ha reportado solo en raras ocasiones.
Sin embargo, un centro de investigación que documentó el desplazamiento en Ciudad Juárez encontró que hasta 220 mil personas habían abandonado su lugar de residencia en el área durante tres años como resultado de la violencia, de las cuales aproximadamente la mitad permanecían en el país como desplazados internos.
Un informe de consultoría privada citado por varios medios de comunicación ha sugerido que la violencia ha desplazado internamente a un millón 600 personas en los últimos cinco años; sin embargo, anota el organismo noruego, el informe no está disponible públicamente y la base de la figura es desconocida.
Las personas que huyen de la violencia del cartel de la droga a menudo no encuentran seguridad en su lugar de desplazamiento. Otro desafío principal ha sido la protección física y legal de sus viviendas, terrenos y propiedades. Algunos desplazados internos han perdido sus documentos de identidad como resultado de su repentina salida y, posteriormente, no han podido acceder a los servicios sociales.
Si bien no se han realizado evaluaciones adecuadas del acceso de los desplazados internos a las necesidades básicas, en general se ha asumido que se apoyan a sí mismos o dependen de redes familiares extensas.
La situación de desplazamiento más prolongada fue causada por el levantamiento zapatista en 1994 en el estado de Chiapas. Las comunidades indígenas que apoyan el movimiento zapatista han continuado siendo desplazadas y también causaron el desplazamiento de personas no alineadas con el movimiento zapatista, y las estimaciones recientes sugieren que entre nueve mil y 24 mil personas desplazadas internamente (PDI) permanecen en un desplazamiento prolongado. En Chiapas y en los estados vecinos de Oaxaca y Guerrero, el desplazamiento también ha sido causado por tensiones religiosas dentro de las comunidades indígenas. Mientras tanto, en Oaxaca, las comunidades indígenas triquis también han sido desplazadas por ataques de grupos paramilitares.
Los desplazados internos en todos estos estados tienen acceso limitado a los medios de vida y no ha habido iniciativas para restituir sus tierras. El gobierno ha reconocido y tomado algunas medidas para abordar el desplazamiento prolongado que siguió al levantamiento zapatista.
Mientras los grupos criminales sigan operando en México, el problema del desplazamiento constituirá un problema mucho más urgente de resolver, pues se sumará al éxodo de vecinos de Centroamérica que atraviesan el país con rumbo a Estados Unidos, con la gigante ola de problemas sociales, económicos, ambientales, de seguridad y de salud que ello representa.
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