Finalmente van de la mano. Los mexicanos queremos ver reflejado el pago de impuestos en obra pública, en más y mejores servicios, en seguridad para todos. Ese es el espíritu de los impuestos, abatir la brecha entre los poderosos económicamente y los menos favorecidos. Y esto se consigue con la construcción de escuelas, de hospitales, caminos, etcétera. “Si no hay obra pública… ¿para qué pagar impuestos?”
La charla con un especialista fiscal siempre resulta interesante. Sobre todo, el conocer que en el primer trimestre del año, contrario a lo informado oficialmente, bajó el pago de impuestos en el país, en los dos más importantes: el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Caída que reconoce el Centro de Estudios Económicos del Congreso de la Unión.
Fue esta una realidad que vivieron quienes se encargan de apoyar a los contribuyentes en el pago correcto de sus impuestos, en la presentación de las declaraciones anuales de Personas Morales y Personas Físicas: los contadores públicos. “La gente vendió menos, ganó menos y pagó menos impuestos”. Así de simple.
Y vender no es sólo enajenar artículos o servicios; es también el trabajo diario que desempeñan los empleados remunerados.
Al vender menos, se paga menos impuestos; al haber menos ingresos en el erario público, menos gasta el gobierno en obra pública, en servicios, en proveeduría. Un círculo vicioso que debe romperse.
Sin embargo la tendencia en los últimos cinco años ha sido en el sentido de que el gobierno no tiene la responsabilidad, mediante la obra pública, de reactivar la economía. Entonces, la recaudación fiscal ¿a qué será destinada? Es la pregunta.
La respuesta fue dada por el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que en su conferencia matutina la semana anterior destacó que los “gobiernos neoliberales” se caracterizaron por frenar paulatinamente la obra pública, y por la contratación externa de servicios, que debieron ser realizados por la propia burocracia, además del despilfarro de recursos y un “gobierno rico para un pueblo pobre”.
No obstante el espíritu de la fiscalización, la redistribución de ingresos, no se ha dado tampoco en los primeros seis meses del actual gobierno de la república, o al menos, no se ha dado de manera generalizada en todo el país.
En Hidalgo, por ejemplo, la obra pública es casi inexistente, y los recursos al gobierno estatal y a los ayuntamientos llegan a cuentagotas. En el afán de terminar con corruptelas, la liquidez económica se ha frenado.
Llama la atención que la semana anterior las voces empresariales en Hidalgo han sido unánimes, al hacer notar que los beneficios de la política social del nuevo gobierno no se perciben aún, y que anuncios como la modernización de la refinería Miguel Hidalgo, la construcción de la carretera a cuatro carriles Pachuca-Huasca, entre otras obras anunciadas por el Presidente en su campaña electoral, siguen en esa etapa: de anuncios.
Preocupa que no haya obra pública en Hidalgo porque de la misma no sólo dependen más de 500 empresas constructoras en la entidad, afiliadas o no a la CMIC, no; dependen de la construcción más de 40 ramas industriales y comerciales que al igual que las constructoras, se encuentran frenadas.
Y con ellas, se ve afectada también la economía en general, como reportan los industriales manufactureros, comerciantes, prestadores de servicios, incluso el sector turístico.
Entonces, si los beneficios de pagar impuestos no se reflejan… “¿para qué pagar impuestos?”
Es indudable que la Federación debe reflejar cuanto antes esos ahorros multimillonarios de los que tanto habla el Presidente en sus conferencias; “calentar” los recursos, aun cuando la intención sea terminar con corruptelas, está afectando a millones y millones de mexicanos que, sin condonaciones, sí pagan impuestos.
