Los nuevos tiempos políticos y sociales del país, exigen contar con una Ley Orgánica Municipal que garantice que las autoridades municipales administrarán bien los recursos del pueblo y no se incurra en actos de corrupción, aseguró la diputada de Morena, Tatiana Ángeles Moreno.
Al presentar un acuerdo económico para que el Congreso de Hidalgo realice una consulta a la ciudadanía para reformar la Ley Orgánica Municipal del estado, la diputada por el distrito de Actopan, señaló que las luchas ciudadanas municipalistas han sido elementos que condujeron a una transición política, y que ésta conlleva la inclusión de una vida democrática, así como la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades y servidores públicos, desde el municipio.
“La situación del municipio ha mostrado varias dificultades y limitaciones, como las pocas atribuciones en materia de promoción del desarrollo en rubros como la salud, educación, vivienda, medio ambiente entre otros, además de que el carácter subordinado del gobierno municipal en materia de política social respecto a los gobiernos estatales y federales no permite los avances deseados”.
La legisladora local, añadió que el municipio sigue teniendo escasos recursos, lo cual propicia el argumento entre la población respecto a que las autoridades municipales no solucionan los problemas de la comunidad y con ello se genera una imagen de ineptitud y poca eficiencia.
“Lo cierto es que en la praxis municipal en la actualidad, es hacer de los cargos públicos municipales un botín político y partidista, desarticulando por esta razón, sus relaciones con la ciudadanía, incluso acentuando la confrontación entre autoridades y sociedad, además de que hoy el papel de los regidores en el Ayuntamiento presenta cuestionamientos serios y con sustento, debido a la falta de claridad sobre la utilidad y beneficio que tiene esta figura de autoridad”.
Por último, Tatiana Ángeles Moreno afirmó que bajo ese contexto los que suscriben proponen entrar en un periodo para reformar la Ley Orgánica Municipal del estado, garantizando la opinión de las autoridades municipales, de los académicos, de las organizaciones de la sociedad civil, de los colegios y la sociedad en general; así como de las autoridades e instituciones del ejecutivo estatal y de las organizaciones municipalistas con representación federal y del propio gobierno federal.
